Como en muchos otros campos de la vida nacional, México es un país deficiente en su educación. Muy pobre.
Quien tenga tiempo y ganas de llegar al camino depresivo, puede consultar las tablas internacionales de rendimiento escolar y ahí podrá observar nuestro fracaso monumental, pero con un ingrediente aún más triste: la mediocridad es una consecuencia de la política tradicional estimulada ahora por una izquierda tolerante y alcahueta y un criterio conformista, cuyo sendero es la ignorancia.
En este sentido las mediciones mundiales al estilo de la siempre despreciada prueba PISA (como ejemplo), se estrellan con el simplismo de la aprobación por asistencia (existencia); no por comprobación del conocimiento (de por sí mal impartido), y el pase automático en los niveles superiores, únicamente para satisfacer demandas de grupo o consignas políticas.
La sola palabra examen es una de las muchas abominaciones neoliberales. Dicen.
Pero en los tiempos estelares de la Cuarta Transformación no solo se reniega de la prueba (de inscripción, avance, especialización evaluación etc), sino hasta de producir un resultado especialmente en los grados iniciales del proceso educativo. La sensiblería hacia el potencial alumnado y su derecho inalienable (y sin condiciones) a la educación pública, falsa como billete de tres pesos, aduce los daños en la personalidad de los niños y adolescentes al sentirse rechazados.
Entonces no debe existir la reprobación (no del alumno, sino de sus deficientes conocimientos) y todo mundo quedará de facto aprobado, aunque luego se matice el argumento sin anular la tesis esencial.
Esa es la consecuencia de equiparar la igualdad entre la pobreza intelectual y la condenable aspiración de sobresalir o mejorar. La chatura como uniforme de la masificación.
Marx Arriaga (por citar a un notable), uno de los pedagogos más destacados de la IV-T (así ahora haya sido hecho a un lado) ha sido categórico. Esto se publicó durante su gestión como funcionario todopoderoso (las influencias de Palenque aún le servían):
“…El director de Materiales Educativos de la SEP llamó a los maestros de todo el país a no presentar la evaluación diagnóstica de la Comisión Nacional para Mejora Continua (Mejoredu), ya que señaló que ésta va en contra del enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana y que se trata de un “ejercicio neoliberal”.
“… el funcionario pidió a los docentes que “resistan” negándose a la evaluación de carácter voluntario y que “no permitan que la Nueva Escuela Mexicana se convierta en un producto”, aunque Mejoredu, así como sus pruebas diagnósticas, fueron creados por la actual administración, con la reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Congreso en 2019.
“En respuesta a los comentarios de Marx Arriaga, Mejoredu indicó que sus evaluaciones –que muestran los aprendizajes con los que inician el ciclo escolar los estudiantes de educación básica– responden a lo previsto en el artículo 3° de la Constitución y su Ley Reglamentaria, y apuntó que los instrumentos para su aplicación fueron desarrollados en colaboración de la SEP.
“Con su creación en 2019, Mejoredu diseñó e implementó un nuevo Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral, (MEDFI), mismo que no tiene un carácter punitivo, de tal modo que “no lesione la dignidad de estudiantes y docentes”, tal como señala el documento descriptivo de esta metodología.
“Mejoredu reconoció que la aplicación de sus pruebas diagnósticas es voluntaria (por lo tanto inútil), tal como se establece en los lineamientos correspondientes, y afirmó que esto es así porque “confiamos en su autonomía de gestión y en el compromiso tanto de las autoridades educativas de las entidades (¿?) , como de los docentes, supervisores, directivos y apoyos técnico-pedagógicos.
“Estas aplicaciones son el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios, que son el único elemento para dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa…”
Pero independientemente de los rollos siempre farragosos de los “expertos” en educación, el hecho es simple: considerar la evaluación, el exámen, la calificación y sus consecuencias como hechos punitivos. Con ese argumento impidieron las mejoras al magisterio cuando la Reforma Educativa de Peña.
Punir significa castigar. Y si se reprueba a un alumno no se le castiga (de eso se encargará la vida); se le ubica en su momentánea condición para impulsarlo a mejorar.
Si eso fuera una punición, deberíamos clausurar todos los laboratorios de análisis clínicos, pues quien resulte positivo en algún exámen o se le detecte un cáncer oportunamente, estaría sufriendo una pena, no un auxilio para su tratamiento.
Hoy en medio de una sonora rechifla la UNAM demuestra su incapacidad para aplicar un exámen de admisión más allá de la vigencia del absurdo “pase” automático en la modalidad del “Pase reglamentado”.
En medio de las protestas y hasta de las exhortaciones presidenciales para evitar chanchullos en las pruebas “ventaneadas” o comercializadas con insólitos resultados o mal respondidos gracias a su ocurrencia digital, los diarios han publicado estas advertencias:
“(EoL).- A sólo 48 horas de que miles de jóvenes iniciaran el trámite para convertirse en alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Rectoría detuvo el proceso.
“En una decisión extraordinaria que escala la crisis por el primer examen de admisión 100% en línea, la institución suspendió de manera provisional las inscripciones de primer ingreso a todas sus licenciaturas para el ciclo escolar 2026-2027.
“La medida frena el calendario previsto para iniciar este lunes y deja en incertidumbre el ingreso de más de 50 mil estudiantes seleccionados, entre ellos 21 mil 962 aceptados mediante el Concurso de Selección.
“El proceso permanecerá detenido hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, entregue sus conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo del examen”.
Muy oportunas hubieran sido la prudencia y sabiduría del señor rector Lomelí, si su “Comisión Técnica de Expertas y Expertos” (cómo es linda la paridad en la experiencia experimentada experimentadora, como hubiera dicho el Dr. Chunga) hubieran hecho su trabajo antes del conflicto y no cuando ya les había reventado el petardo en las manitas.
“El propósito de esta medida –prosiguen la información de Excélsior), es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, señaló la Universidad en una parrafada vacía.
Salvaguardar la certeza en un proceso tan mal hecho como para suspenderlo y someterlo a la consideración de los expertos y expertas y “que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.”
¿Entonces lo anterior no se realizaba con apego pleno a la Legislación Universitaria?
Como todos sabemos “la controversia escaló tras la publicación de resultados el pasado 17 de julio, cuando análisis independientes identificaron comportamientos atípicos en el desempeño de los aspirantes”, como por ejemplo, “un incremento inusual en la tasa de aceptación respecto a las tendencias 2021-2025” y la estimación de que “cinco mil jóvenes competitivos quedaron fuera de forma anómala”.
En relación con los exámenes, los examinados, las pruebas y las reprobaciones, la automatización en el pase sin méritos probados y la masificación educativa cuyo lema viene siendo “Ahí se va”, debemos recordar los puntos del pliego petitorio de los huelguistas y las opiniones del entonces rector Jorge Carpizo:
“…Derogación de las reformas aprobadas por el Consejo Universitario en junio de 1997.
“Esto significa recuperar el pase automático, eliminar los nuevos límites de permanencia a los estudiantes de la UNAM y respetar la elección de carrera dando prioridad al bachillerato de la UNAM por encima de los egresados de otras instituciones educativas.
“Rompimiento total y definitivo de los vínculos de la UNAM con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. y, en consecuencia, la anulación del examen único de ingreso al bachillerato de las universidades y escuelas públicas, así como del Examen Único de Egreso. (El sexto punto fue agregado el 3 de mayo de 1999 en Asamblea del CGH en el auditorio Ernesto “Che” Guevara)”.
Todos estos puntos no fueron sino los planos para fabrifcar el tobogán en la calidad educativa actual.
Hoy, en la principal (o más poblada) de nuestras universidades públicas, la Nacional Autónoma de México, el examen de admisión se convirtió en una prueba de ineficacia superior.
“Inscritos en el afán de “digitalizar” a tontas y a locas la vida universitaria, los sabios de la burocracia de Copilco determinaron un examen no presencial cuyo único resultado hasta ahora ha sido la trampa, el embuste, el tráfico de cuestionarios; la mezcla entre el cumplimiento de algunos y el fraude de otros, y una sola palabra, el ridículo.
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