Empecemos por lo indefendible. El examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, aplicado por primera vez enteramente en línea, falló donde más duele. Hubo evidencias de trampa. Hubo quienes lucraron ofreciendo formas de engañar al sistema, hechos por los que la propia Universidad presentó una denuncia penal. Y hubo, del otro lado, testimonios de jóvenes que atribuyen la cancelación de su examen a un apagón, a una conexión inestable, al ruido de su propia casa.
Un examen de admisión es un pacto de igualdad: le dice a cada aspirante que durante unas horas no contarán sus apellidos, sus contactos, su origen ni su ideología, sino lo que sabe. Romper ese pacto es robarle el lugar a quien muchas veces no tiene más capital que su esfuerzo. Que se investigue hasta el final, que se sancione, que se publiquen íntegros los datos del proceso y las conclusiones de la comisión técnica ya instalada. En esto no caben regateos ni defensas corporativas.
Y hay razones para confiar en que así será. Las anomalías salieron a la luz gracias a que la propia Universidad publicó los resultados: cualquiera pudo examinar las distribuciones y señalar lo atípico. Fue la transparencia la que detectó la grieta.
Dicho lo anterior, hay que señalar un segundo fenómeno, más viejo que el primero. Apenas tropieza la Universidad, se nubla el cielo; cada error de la UNAM ha convocado puntualmente a la misma nube. Para un astrónomo eso ya es, de por sí, mala noticia. Pero si uno la observa con la paciencia del gremio, advierte que gira, y que está hecha de alas. Es la nube de quienes confunden la herida con el banquete; para ellos, cada crisis universitaria es una vacante que se abre y una invitación a administrar la autonomía desde fuera.
Hay casi un siglo de historia que lo documenta. La autonomía nació en 1929 de una huelga reprimida a golpes. Cuatro años después el gobierno le concedió una “plena autonomía” que era en realidad un castigo: le entregó diez millones de pesos pagaderos en cuatro años, le advirtió que después no recibiría un peso más y hasta le arrancó del nombre la palabra “Nacional”, como quien repudia a un hijo y lo echa a la calle con lo puesto. Vinieron años de penuria, agravados por la exigencia de alinear la enseñanza con una doctrina oficial; el rector Fernando Ocaranza renunció en 1935 junto con la mayoría de su Consejo, incapaz de sostener la Universidad en esas condiciones. Y cuando la crisis interna llegó en 1944 al esperpento de dos rectores simultáneos, el desenlace defraudó a quienes ya saboreaban la intervención: una ley orgánica redactada dentro de la propia casa. La Universidad se reformó a sí misma.
En 1966 un grupo de choque encerró al rector Ignacio Chávez en su oficina y lo obligó a firmar su renuncia. En 1968 el ejército ocupó Ciudad Universitaria y Javier Barros Sierra presentó la suya, denunciando los ataques políticos; su comunidad lo sostuvo y la renuncia no prosperó. En el año 2000, tras meses de un conflicto que todos los bandos atizaron, la fuerza pública volvió a entrar al campus. Y hace apenas un lustro, se acusó a esta Universidad de haberse derechizado, como antes se la había acusado de comunista, de burguesa, de elitista, de subversiva. El adjetivo cambia con el sexenio.
El patrón se repite: un error real, una campaña que lo convierte en escándalo y, detrás, la tentación de poner orden desde afuera. La historia rara vez se repite punto por punto, pero el patrón obliga a distinguir con rigor dos cosas que se parecen y significan lo contrario. Una es la auditoría técnica, pública y verificable, que la Universidad debe abrazar sin reservas, empezando por sus procesos de admisión. La otra es la tutela política que algunos insinúan como remedio, y que llega recitando una letanía conocida: que si la UNAM es obsoleta y sólo la defendemos por nostalgia -curioso reproche ante una herida abierta, precisamente, por intentar modernizarse-; que si es un monstruo hinchado de administración; qque si los exámenes de admisión son un “pretexto” y una “mentira” neoliberal -en estos mismos días un editorial los declaraba, de plano, “ilegítimos”- y que lo ideal es suprimirlos; que si se volvió refugio de la derecha; que si la volvió ingobernable una ola de falsas amenazas de bomba. Varios de esos cargos tienen su versión seria, y la suscribo en parte. Lo que separa una versión de la otra es lo que cada quien pide al final: el crítico serio pide mejores mediciones; el oportunista pide las llaves.
Mírese entonces la secuencia de estas semanas. La Universidad canceló miles de exámenes al detectar conductas presuntamente irregulares; denunció penalmente a quienes lucraron con el engaño; suspendió las inscripciones a días de que comenzaran e instaló una comisión de dieciséis especialistas con libertad expresa para convocar a los funcionarios responsables del proceso. Puede juzgarse tardía. Puede juzgarse insuficiente. Es, en todo caso, una institución que detiene su trámite más delicado porque sus propias estadísticas públicas la incomodan y que, en público y a contrarreloj, está presentando el examen más difícil que existe: el de la autocorrección. Muchas voces críticas no lo han presentado nunca.
Cuando defiendo a esta Universidad lo hago por su obra. Cada vez que tiembla en México -y tiembla seguido- el país entero espera el mismo dato de la misma fuente: dónde fue, de qué tamaño. Lo produce el Servicio Sismológico Nacional, que opera en el Instituto de Geofísica de la UNAM. En el Instituto de Biotecnología, el grupo de Alejandro Alagón desarrolló junto con el Instituto Bioclon los antivenenos contra el alacrán y la víbora que la agencia sanitaria estadounidense terminó aprobando para su propio territorio; un niño picado en Arizona recibe hoy un antídoto concebido en Cuernavaca.
La lista es larga y no cabe entera: los paréntesis de transformación que Marcos Moshinsky introdujo aquí, tabulados después con Thomas Brody, y que se siguen usando en el mundo entero para calcular la estructura de los núcleos atómicos; la biología del rotavirus que Susana López y Carlos Arias desmontaron pieza por pieza; la sospecha de Rafael Navarro-González de que las sondas Viking destruyeron, al calentarlas, las moléculas orgánicas que habían ido a buscar a Marte. Y hay capítulos en curso: el Local Volume Mapper, el proyecto del consorcio internacional SDSS-V que traza por primera vez un mapa tridimensional de nuestra Galaxia, tiene hoy su dirección científica en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Todo esto, con una fracción del presupuesto de las instituciones contra las que solemos medirnos.
Puedo defenderla sin absolverla; y si algo alimenta a esa nube es lo que dentro de casa no queremos mirar. Muchas de nuestras reglas parecen escritas para otro siglo y para otro México: premian excesivamente la antigüedad y apenas registran los riesgos asumidos o los datos que uno abre al mundo. El resultado es un sistema con pocos incentivos para arriesgar y demasiados para llevársela campechana. Los esquemas que hacen atractivo el retiro alcanzan para pocos y las plazas se abren con cuentagotas. Las nuevas generaciones esperan años a que se les reconozcan formalmente responsabilidades que ya ejercen de hecho, o a sentarse en los comités donde se decide su propio futuro. La Universidad tiene que modernizar sus reglas sin renunciar a lo que la hace valiosa: criterios actuales, evaluación transparente y cuentas abiertas.
A estas nubes hay que quitarles aquello que las alimenta: corregir el examen a la vista de todos, publicar cada cifra del proceso, modernizar las reglas, abrir los libros. La Universidad Nacional ha sobrevivido a gobiernos que la desheredaron, a ejércitos que la ocuparon y a tribunas que la calumniaron. De cada crisis salió de la misma manera, reformándose a sí misma, sin dejar que nadie viniera a hacerlo por ella. Confío en que esta vez no será distinta. Y que cuando el cielo vuelva a despejarse -porque siempre se despeja-, sea otra vez para quienes lo estudiamos.
Las opiniones expresadas en esta columna son a título personal del autor y no representan la postura de ninguna institución