La administración de la alcaldesa de Cuautitlán, Juana Carrillo, enfrenta nuevos señalamientos que vuelven a colocar bajo escrutinio la forma en que opera el gobierno municipal. Comerciantes, vecinos y representantes empresariales denunciaron un presunto esquema de extorsiones que, aseguran, afecta a quienes buscan abrir, ampliar o simplemente mantener sus negocios en Cuautitlán.
De acuerdo con los testimonios difundidos, algunos empresarios habrían recibido presiones o solicitudes de aportaciones económicas para agilizar trámites, obtener permisos o evitar obstáculos administrativos. Los denunciantes sostienen que estas prácticas habrían operado con permisividad dentro del gobierno municipal, aunque hasta el momento no existe una resolución de autoridad que respalde formalmente esas acusaciones.
Las críticas también alcanzan a los hijos de la alcaldesa, César Alejandro y Diego Alberto Reyna Carrillo, señalados públicamente por su presunta participación en un esquema relacionado con la asignación de obra pública, la contratación de servicios y un posible incremento en los costos de eventos públicos organizados por el municipio.
Según las denuncias, algunos desarrolladores habrían tenido que realizar aportaciones económicas para destrabar sus proyectos. Posteriormente, esos recursos presuntamente se habrían canalizado mediante contratos otorgados a empresas vinculadas con los hijos de la alcaldesa morenista.
Los cuestionamientos no se limitan a empresarios y vecinos. También surgieron al interior de Morena, donde algunos militantes expresaron preocupación por la influencia que familiares de Juana Carrillo tendrían en áreas estratégicas del gobierno municipal y en decisiones que deberían mantenerse dentro de cauces estrictamente institucionales.
El caso exige una investigación seria, independiente y sin simulaciones. Juana Carrillo no puede limitarse a guardar silencio mientras crecen las acusaciones contra su administración y su propia familia. Si los señalamientos son falsos, debe aclararlos con pruebas; si tienen sustento, las autoridades deben actuar sin importar apellidos, cargos ni militancias. Porque gobernar Cuautitlán no puede convertirse en un negocio familiar y Morena tampoco puede seguir cerrando los ojos ante prácticas que, durante años, prometió combatir.
Por cierto:
1. OJO. La inseguridad se le salió de control a Carlos Orvañanos en Cuajimalpa. Los números de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana exhiben el deterioro que ha enfrentado la alcaldía: mientras en diciembre de 2023, durante la administración de Adrián Rubalcava, 27.3% de la población adulta consideraba inseguro vivir en la demarcación, para junio de 2026, ya con Orvañanos al frente, la cifra se disparó hasta 53.4%. El dato es demoledor: en dos años y medio, la percepción de inseguridad aumentó 26.1 puntos porcentuales, lo que representa un crecimiento relativo de 95.6%; es decir, prácticamente se duplicó. Y la tendencia más reciente tampoco ofrece alivio, pues tan solo entre marzo y junio de este año el indicador pasó de 47.1% a 53.4%, un salto de 6.3 puntos en apenas tres meses. Más allá de discursos, fotografías y campañas de comunicación, hoy más de la mitad de los habitantes de Cuajimalpa dice sentirse insegura, una realidad que golpea directamente la gestión del alcalde panista y revela que su estrategia de seguridad, hasta ahora, no ha logrado transmitir confianza ni contener el temor ciudadano. Orvañanos recibió una alcaldía que destacaba entre las demarcaciones con menor percepción de inseguridad del país y, bajo su administración, ese reconocimiento parece haberse convertido en historia: los datos oficiales muestran una Cuajimalpa con más miedo, menos confianza y un gobierno que no ha podido estar a la altura del principal reclamo de sus habitantes.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta