Las imágenes que circulan en redes sociales del derrumbe de una obra en demolición registrado en la lateral del Viaducto Miguel Alemán, en la alcaldía Miguel Hidalgo, documentan que de milagro no hubo pérdida de vidas.
Por fortuna sólo un joven resultó policontundido mientras circulaba en motocicleta y un automóvil presentó daños severos, sin lesiones graves para su conductor, pero las imágenes revelan al menos negligencia y despiden un tufo de corrupción.Para atajar la impunidad, presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía especializada en materia de Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Exigimos investigar a fondo la responsabilidad del alcalde Mauricio Tabe y el titular de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido, por la falta de prevención, ausencia de protocolos y supervisión de los trabajos conforme lo marca la normatividad vigente.
La denuncia prevé la comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, abandono de funciones, corrupción inmobiliaria, abuso de autoridad, daño en propiedad privada y vías de comunicación.
Se trata de deslindar responsabilidades para verificar quiénes incumplieron con las obligaciones inherentes a su cargo, en especial las relacionadas con expedir permisos, garantizar seguridad, vigilancia, supervisión, verificación y protección civil.
Lo advertimos en el espacio de información semanal “La Chilanguera” del domingo: el derrumbe en Minería 145, colonia Escandón, destapa una vez más la red de complicidades del Cártel Inmobiliario en las alcaldías gobernadas por el PAN.
No es casualidad; las administraciones locales en manos de ese partido operan bajo una estructura de complicidades que responde directamente a los intereses de su dirigente nacional, Jorge Romero, jefe del Cártel Inmobiliario en la CdMx. Trabajan para mantener aceitada la maquinaria del blanquiazul, anteponiendo los negocios de grupo al bienestar de la ciudadanía.
Aunque la administración local intentó lavarse las manos con el pretexto de que la documentación estaba en regla, las dimensiones del proyecto hablan por sí solas.
Es un predio de más de 9 mil 300 metros cuadrados, operado bajo una Licencia de Construcción Especial (MHLE/D/059/2026).Por su escala y complejidad, estos proyectos exigen por ley una supervisión permanente y extraordinaria por parte de la alcaldía y, particularmente, de las instancias de Protección Civil.
Porque ¿Cómo se explica que una obra de esta magnitud terminara colapsando sobre una vía primaria cerca de las 10 de la mañana?Si el alcalde sostiene que los permisos estaban en regla, tiene mucho que explicar: si conocían la magnitud de la obra ¿Quién la supervisó? ¿Dónde están las actas de verificación y las bitácoras de los protocolos que garantizaran la seguridad vecinal?
Una licencia no es un cheque en blanco, es un documento que obliga a la autoridad a verificar que la demolición cumpla estrictamente, en tiempo y forma, con el proyecto autorizado.
La corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo no es nueva, para atender a las constantes denuncias ciudadanas, desde hace meses la diputada Cecilia Vadillo y un servidor desplegamos una brigada de supervisión y atención vecinal para verificar obras en proceso en la demarcación.
El resultado hasta hoy es de al menos 120 inmuebles con irregularidades. Una cantidad de anomalías que confirma un patrón: para el panismo capitalino y sus cúpulas, el negocio inmobiliario está siempre por encima de la seguridad vecinal.
Contar con un papelito administrativo que dice autorizado no exime a los funcionarios de la alcaldía de su obligación elemental de vigilancia y garantizar la seguridad de la gente. Al contrario, la licencia otorgada se convierte en una evidencia de omisión y negligencia. Por ello, en la denuncia, solicitamos a la Fiscalía que requiera el expediente completo, las responsivas técnicas, las bitácoras de seguimiento y los peritajes en arquitectura para deslindar responsabilidades. Queremos ver las verificaciones, saber qué irregularidades detectaron y, si no existen, se explique ante la ley por qué ignoraron su obligación de supervisar una obra de esta magnitud.La seguridad de los vecinos de Miguel Hidalgo no es negociable; seguiremos de cerca este caso para exigir justicia hasta que cada servidor público que solapó irregularidades rinda cuentas.
No podemos permitir que la corrupción inmobiliaria siga cobrando factura en las calles de nuestra ciudad. Es momento de que la autoridad de Miguel Hidalgo asuma su responsabilidad de proteger a sus vecinos, mañana puede ser muy tarde.