Durante años, para muchas víctimas de despojo en la Ciudad de México, presentar una denuncia fue apenas el inicio de un segundo problema. Al daño de perder una casa, un terreno o un local se sumaba un laberinto de trámites, expedientes detenidos y procesos demasiado costosos para quienes no podían contratar abogados.
Por eso resultan relevantes los primeros datos de la Estrategia Integral contra el Despojo impulsada por el Gobierno de Clara Brugada. En 12 días se recibieron 89 denuncias, se realizaron 27 remisiones y fueron detenidas 90 personas relacionadas con posibles allanamientos o ingresos irregulares. Ocho inmuebles ya fueron asegurados y restituidos, mientras la policía capitalina reporta tiempos de respuesta cercanos a tres minutos.
Las cifras son positivas, aunque deben leerse con precisión. No todas las denuncias corresponden necesariamente al delito de despojo: hasta ahora, la Fiscalía ha identificado 14 posibles casos y mantiene otros 46 bajo revisión. Esa distinción es importante para evitar que la rapidez sustituya al debido proceso o que conflictos civiles sean tratados automáticamente como delitos.
Sin embargo, el verdadero alcance de la estrategia no se conocerá únicamente por su capacidad de responder a los casos recientes. Su prueba más importante estará en los expedientes antiguos: familias que llevan meses o años esperando una resolución, mientras su patrimonio permanece en manos de otras personas. Revisar esos asuntos también permitirá detectar posibles omisiones o complicidades que facilitaron el crecimiento de este delito.
En ese contexto, la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, que comenzará a operar con 100 profesionales del derecho, puede convertirse en una pieza central. La justicia no debería depender de la capacidad económica de una víctima para pagar una defensa prolongada.
Instalar esta atención cada lunes en el Zócalo también acerca las instituciones a personas que con frecuencia no saben ante qué autoridad acudir ni cómo defenderse.
El Gobierno capitalino ha comenzado con rapidez y coordinación institucional. Ahora deberá sostener ese ritmo, cuidar la legalidad y mirar hacia atrás. Responder en tres minutos es una buena señal; resolver expedientes olvidados y devolver las llaves a quienes legítimamente les pertenecen será la verdadera medida del éxito.
Por cierto:
1. SIN VERGÜENZA. Ya se lo habíamos contado en esta columna: Gabriela Jiménez parece empeñada en adelantarse a los tiempos electorales. Ahora, José Martín Ramírez Pech, empresario y supuesto periodista que trabaja abiertamente para la diputada, dejó por un momento su revista de la península para lanzar una edición “capitalina” en la que le dedica la portada y seis páginas, publicación que, además, ya estaría siendo repartida en la alcaldía Azcapotzalco. La candidatura todavía no existe, pero la campaña y hasta su órgano de propaganda parecen estar en marcha. Estamos seguros de que, cuando llegue el momento de tomar una decisión, el Movimiento Regeneración Nacional pondrá sobre la mesa tanto estos actos anticipados como las distintas manchas que Gabriela Jiménez ha acumulado a lo largo de su trayectoria política.
2. HARTAZGO. Lo ocurrido en San Salvador, Hidalgo, debe servir como advertencia para los presidentes municipales de todo México. Habitantes de la comunidad de La Flor sacaron de sus oficinas al alcalde Norberto Martínez Cruz y lo retuvieron ante presuntos incumplimientos en obras de abastecimiento de agua y la reparación de un camino. Nada justifica las agresiones ni que la inconformidad ciudadana se convierta en violencia; sin embargo, tampoco puede ignorarse el mensaje de fondo: el hartazgo social es cada vez mayor frente a autoridades que prometen, posponen y dejan de escuchar. Que aprendan los alcaldes: gobernar no es encerrarse en una oficina, rodearse de colaboradores complacientes ni aparecer únicamente durante las campañas. Es atender, explicar y cumplir antes de que el enojo acumulado termine desbordándose.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta