El recientemente presentado reporte de la Fundación Nueva Generación Sonora, elaborado con información del SESNSP, procesada por la Red por los Derechos de la Infancia en México, indica que 80,163 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como víctimas de algún delito en México, durante los primeros seis meses de 2026. La cifra significa más de cuatrocientas víctimas cada día. ¿Qué nos revela esa cifra?
Una primera respuesta se encuentra perfilada en la naturaleza de las violencias registradas. Los delitos sexuales representan 21.8% de las víctimas; la violencia familiar, 21.4%; y el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 11.7%. En conjunto, estos datos permiten advertir que una parte sustantiva de las agresiones y vulneraciones que padecen niñas, niños y adolescentes se produce en ámbitos vinculados con relaciones de proximidad, dependencia y cuidado. El problema tiene entonces otra profundidad.
La cuestión es esencial para nuestra sociedad porque la infancia se encuentra determinada por una condición de dependencia. Al nacer, el ser humano necesita radicalmente de otros para permanecer con vida y para ingresar en un mundo que ya estaba ahí antes de su llegada. Antes de comprender sus reglas, antes incluso de poder nombrarlo, alguien debe alimentarlo, protegerlo, hablarle, tocarlo, amarle y reconocerlo. La infancia comienza, por ello, como una experiencia de radical exposición ante los otros. Y precisamente allí reside una de sus mayores vulnerabilidades: quienes poseen la capacidad de cuidar poseen también, potencialmente, la capacidad de producir daño.
La violencia contra las infancias obliga a pensar en una contradicción que nuestras sociedades no han conseguido resolver. Hemos reconocido jurídicamente a niñas y niños como sujetos plenos de derechos, pero numerosas relaciones sociales continúan organizándose a partir de una representación mucho más antigua: la del niño como alguien sometido a la autoridad del adulto, cuya palabra puede ser desestimada, cuyo cuerpo puede ser disciplinado y cuya voluntad puede ser sustituida. El adultocentrismo se expresa precisamente cuando la diferencia entre adulto y niño deja de ser comprendida como una responsabilidad diferenciada de cuidado y opera como una relación jerárquica de poder.
La violencia contra una niña o un niño expresa una determinada concepción de la infancia. Para golpear, humillar, someter, abusar o abandonar sistemáticamente a un niño es necesario que previamente haya sido degradado en nuestra comprensión de lo humano. Es necesario haber supuesto que su cuerpo puede disciplinarse mediante el dolor; que su palabra vale menos; que sus emociones pueden ser ignoradas; que la obediencia constituye una virtud superior a su libertad; que el adulto posee sobre él una autoridad cuyo límite resulta ambiguo. Eso es el adultocentrismo en su expresión más radical: una ontología jerarquizada de las edades.
Durante siglos hemos construido la infancia desde la falta. El niño es quien todavía no sabe, quien todavía no puede, quien todavía no comprende. Por ello la muerte violenta de una niña o de un niño posee una dimensión que ninguna estadística consigue expresar. Toda muerte clausura un mundo; pero la muerte provocada durante la infancia destruye además un horizonte entero de posibilidades. Desaparecen las palabras que habrían sido pronunciadas, los afectos que habrían sido construidos, los lugares que habrían sido recorridos, las personas que habrían sido amadas.
Es preciso decir entonces que una sociedad democrática debe preguntarse qué significa que pueda seguir ocurriendo la muerte intencionalmente violenta de cientos de niñas, niños y adolescentes sin que ello provoque una conmoción proporcional a la gravedad del acontecimiento. En ese sentido, es preciso subrayar que la impunidad frente a la violencia exige otra legislación distinta a la existente, capaz de prevenir auténticamente; lo cual significa enseñar a madres, padres y cuidadores que cuidar no equivale a poseer; que ejercer autoridad no concede un derecho sobre el cuerpo infantil; que disciplinar jamás puede significar producir miedo. Exige construir mecanismos comunitarios capaces de advertir tempranamente el aislamiento, el abandono, el abuso y las distintas formas de violencia que con frecuencia permanecen escondidas detrás de la privacidad familiar. Obliga sobre todas las cosas, a escuchar.
Quizá una de las formas más persistentes del adultocentrismo sea nuestra incapacidad para conceder valor epistemológico a la palabra infantil. Preguntamos a los adultos qué les ocurre a los niños antes de preguntarles a ellos qué están viviendo. Una política auténticamente preventiva tendría que crear instituciones capaces de escuchar sus silencios, sus cambios de conducta, sus temores y, sobre todo, sus palabras.
Legislar para las infancias exige entonces algo más profundo que aumentar penas y dejar atrás al Punitivismo como regla de oro. Supone construir un orden jurídico y social organizado alrededor de una afirmación elemental que todavía estamos lejos de asumir plenamente: ninguna persona adulta tiene derecho de propiedad, control o violencia sobre una niña o un niño.
Tal vez allí se encuentre el comienzo de una política verdaderamente distinta. Mientras continuemos pensando que la infancia pertenece a las personas adultas, seguiremos llegando demasiado tarde: cuando el expediente ya existe, cuando el daño ha sido producido, cuando una vida ha quedado marcada o cuando sólo podemos contar a quienes murieron.
La tarea ética y política consiste precisamente en llegar antes: de manera previa al golpe. Antes del abuso. Antes del abandono. Antes del homicidio. Porque una sociedad que no es capaz de impedir que sus niñas y sus niños sean violentados ha extraviado algo más que su obligación jurídica de protegerlos pues ha puesto en cuestión su propia capacidad de actuar en el marco de lo estrictamente humano.
Investigador del PUED-UNAM