Opinión — El 28 de septiembre la dirigencia de Morena, con base en un proceso sustentado en diversas encuestas, designó a Jasmine Bugarín Rodríguez, coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit en una ruta que conduce a la candidatura a la gobernatura que se disputará el próximo año en junio.
Independientemente del debate sobre la legalidad de estos procesos partidistas internos, que dan visibilidad anticipada a los futuros precandidatos de Morena, se divulgó en la opinión pública que la aspirante a gobernar Nayarit tenía doble nacionalidad y poseía un pasaporte como ciudadana de los Estados Unidos de América (USA). Los adversarios de la actual senadora cuestionaron su designación y los medios de comunicación hicieron eco a estas voces debido a la oportunidad noticiosa derivada del hecho de que días antes había sido aprobada en el Senado, con una mayoría calificada apenas suficiente, la reforma constitucional que establece como requisito para ser electo presidente o gobernador “no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato…”
La reacción de Jasmine fue inmediata, evidentemente tenía el guion preparado, y acudió a la mayoría de los programas radiofónicos de alcance nacional para manifestar su lealtad incondicional a México y a Nayarit, explicar que su doble nacional era por circunstancias familiares derivada de la migración de sus padres para trabajar en los campos agrícolas de California. En principio, una reacción innecesaria en razón a que su muy probable candidatura no está sujeta a la modificación normativa reciente, toda vez que este inicia su vigencia hasta 2028.
Un debate jurídico hueco, cuya vaciedad fue confirmada en la mañanera del Pueblo por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, quien acudió para confirmar que la decisión de la dirigencia de Morena era correcta y no era posible aplicar en forma retroactiva una reforma en perjuicio de la flamante coordinadora. La abogada de la presidenta fue la defensora de la organización política que dirigió durante dos años, lo que resulta contrario a la prohibición que tienen las personas servidoras públicas de intervenir, directa o indirectamente, en la contienda electoral y en los procesos internos de los partidos.
Hay oquedad jurídica porque hay tiempo suficiente para que cumpla con el nuevo requisito constitucional, antes del registro de su eventual candidatura y ya se comprometió hacerlo para acallar las voces en contra de su designación. Sin embargo, la oposición nacional y los medios de comunicación críticos ventilaron el debate jurídicamente hueco por la incongruencia de la narrativa oficial. Por un lado, la presidencia promueve una reforma contra la doble nacionalidad de los políticos bajo el supuesto de que esta circunstancia, sin importar su origen, es una presunción de que quien la posee es propenso a no ser un leal defensor de la soberanía. Por el otro, su partido designa como probable candidata a una gobernatura a una persona con doble nacionalidad.
Esta presunción, que en derecho se denomina iuris tantum, admite prueba en contrario, es decir, Jasmine argumentó que su nacionalidad estadounidense fue circunstancial y que el lugar de nacimiento de una persona es aleatorio y no depende de su voluntad (obvio). También, sostuvo su lealtad a México, su perseverante compromiso político con su estado y expresó que había emitido una declaratoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que manifestaba que no se sometería ni obedecería a un Estado extranjero, como requisito para ser senadora.
Entonces, la pregunta no es jurídico-formal, es profundamente política. ¿Por qué consideró correcta una reforma que establece la presunción de que las personas con doble nacionalidad pueden ser desleales a México y que no deben ser dignas de la confianza del electorado? Dos posibles respuestas son: La primera es simple y consiste en seguir las órdenes de la presidencia, obedecer la línea de su partido en la Cámara, el Verde Ecologista, y asumir un comportamiento de rebaño, que es útil para la unidad política de la que hoy es beneficiaria para evitar los cuestionamientos de su candidatura, y la segunda es porque está convencida que algunos personajes de la vida pública reciente han traicionado a México debido a su doble nacionalidad como Javier Corral, Napoleón Gómez y Jaime Bonilla, todos ellos senadores y gobernador de Morena.
La pregunta es política. ¿Para qué sirve la reforma que agrega un requisito formal que deben cumplir quienes aspiran a ser electos presidentes o gobernadores? ¿Este es un elemento esencial en la defensa de la Soberanía? ¿Hay alguien con doble nacionalidad con posibilidad de competir la elección presidencial a Morena? ¿Es un mensaje al gobierno de Estados Unidos ante la creciente insistencia de que México entregue a los políticos vinculados con el narco sinaloense o el huachicol fiscal? Bajo esta óptica el debate ya no es hueco.
*Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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