Diez millones de pesos hasta ahora es la factura inicial que los vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo están pagando, sin su consentimiento, por el capricho sucesorio de Mauricio Tabe.
La reciente denuncia penal que presentamos dos legisladores locales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra César Garrido López —actual director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Miguel Hidalgo— no es una simple anécdota burocrática ni un tropiezo administrativo menor sino un delito grave.
Nos encontramos ante la prueba fehaciente de un delito electoral flagrante que lastima las instituciones, porque se desvían los recursos públicos a espaldas de la ciudadanía.
Este caso es el retrato clínico de una enfermedad crónica que carcome a la demarcación, convertida de facto en una agencia de autopromoción con un manejo del presupuesto como caja chica electoral.
La tesis central es implacable y no admite matices: ningún proyecto político legítimo debe nacer del saqueo sistemático del erario.
Las pruebas y los datos duros que hemos recabado y documentado no dejan margen para ninguna duda.
La alcaldía Miguel Hidalgo opera hoy como una maquinaria proselitista al servicio de la ambición personal y la corrupción de Mauricio Tabe y de César Garrido.
Tabe intentó primero imponer y posicionar como candidata natural a su esposa, despilfarrando recursos institucionales en una intentona caciquil, clásica de los gobiernos del PAN, que naufragó por el rechazo ciudadano.
Al percatarse de que su proyecto caciquil se derrumbaba, el alcalde “ausente” —como le dicen en las colonias populares a Tabe— cambió de peón, pero mantuvo el mismo esquema ilegal: redirigir el presupuesto público hacia quien le garantice impunidad, su segundo en la alcaldía, César Garrido.
Hablamos de un desvío descarado que supera la cantidad hasta ahora detectada de más de 10 millones de pesos, sin contar los cientos de miles de pesos quemados previamente en la promoción de su pareja.
Para ponerlo en perspectiva y dimensionar el tamaño del abuso, esta cifra pulveriza los irrisorios 351 mil pesos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) autoriza oficialmente como tope de gastos para la etapa de precampaña en la demarcación Miguel Hidalgo.
La diferencia es insultante: mientras la ley marca una línea de austeridad clara, la administración panista opera con chequera abierta y dinero ajeno.
¿Cómo se financia esta precampaña anticipada? El modus operandi raya en el cinismo.
Incluye llamadas telefónicas automatizadas masivas a los hogares de los miguelhidalguenses, la utilización facciosa de personal adscrito a programas sociales como el denominado “Embajadores”,.
También el uso del personal de confianza y hasta de otras áreas, obligando a los trabajadores a realizar trabajo y talacha política en horarios laborales y fuera de estos.
Incluso, se da una mezcla grotesca de actos de gobierno combinados con mítines y opersciones partidistas del Partido Acción Nacional.
No estamos ante una gestión gubernamental legítima; estamos frente a proselitismo en horario de oficina y días extraordinarios pagados con los impuestos de los ciudadanos.
Utilizan también vehículos oficiales, vales de gasolina y toda la estructura material del gobierno local con fines de promoción política.
El nivel de impudor desafía cualquier lógica democrática.
En un país donde la rendición de cuentas debería ser sagrada, resulta ofensivo atestiguar llamadas automatizadas donde se le pregunta de forma burda al vecino si “sabía que el alcalde Mauricio Tabe eligió a César Garrido para sucederlo por su experiencia”.
Pretenden normalizar la ilegalidad convirtiendo la propaganda institucional en un insulto directo a la inteligencia de los habitantes de la demarcación.
Como era de esperarse, la reacción de la cofradía en el poder no tardará en llegar.
Intentarán desestimar la acusación recurriendo a su libreto de siempre: gritar persecución política, descalificar a los denunciantes o tildar las pruebas de revanchismo orquestado por Morena.
Alegarán con cinismo que solo están “informando resultados”.
Sin embargo, ningún pretexto retórico ni ninguna etiqueta de “guerra sucia” borra los rastros financieros ni disuelve la gravedad de las evidencias materiales aportadas.
Si la estructura burocrática y el presupuesto se usan como trampolín para asegurar una candidatura, las autoridades judiciales están obligadas a investigar a fondo este evidente desvío de recursos.
Esta disputa anticipada forma parte de lo que he denominado públicamente el pleito de “los quintos”, donde los operadores del PAN andan codo a codo buscando heredar la plaza.
El asunto de fondo no es que Garrido u otros funcionarios tengan aspiraciones legítimas; el punto es que confunden el presupuesto público con los recursos oficiales de campaña.
La impunidad electoral tiene un costo altísimo para nuestra democracia.
Si toleramos que los gobernantes conviertan el dinero de las alcaldías en su caja chica personal a meses del proceso electoral, el mensaje que se manda es al menos desolador.
La carrera hacia el 2027 arrancó de manera espuria hace mucho tiempo en Miguel Hidalgo, y si no ponemos un alto a este abuso delictivo, los ciudadanos terminarán financiando la campaña de sus propios verdugos.