Toda sociedad construye una determinada representación de sí misma a través de aquello que decide conocer, medir y hacer públicamente visible. La estadística oficial participa de esa construcción: establece categorías, delimita problemas, identifica desigualdades y proporciona los referentes desde los cuales el Estado interpreta la realidad sobre la que interviene. Por ello, las decisiones acerca de qué medir y cómo hacerlo tienen consecuencias que exceden el terreno metodológico. En ellas se expresa también una determinada concepción de lo humano y de aquello que merece ocupar un lugar central en la preocupación pública.
Desde esta perspectiva, resulta necesario interrogar la posición que ocupan las niñas, los niños y los adolescentes en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dispone de capacidades institucionales, técnicas y científicas suficientes para incorporar sistemáticamente una perspectiva de niñez en sus principales ejercicios estadísticos. Sin embargo, la información sobre las infancias continúa siendo marginal, y en el mejor de los casos, dispersa, entre múltiples instrumentos, tabulados y publicaciones, cuya integración exige capacidades especializadas que dificultan su aprovechamiento social.
El problema adquiere particular gravedad cuando se considera que la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen obligaciones específicas para las instituciones públicas. El interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4º constitucional y desarrollado en la legislación general, exige que las decisiones estatales que afectan a esta población consideren primordialmente sus derechos. Asimismo, el artículo 17 de la Ley reconoce su derecho de prioridad y establece que deben ser consideradas en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
Esta exigencia adquiere una dimensión todavía más profunda cuando se examinan los resultados de la pobreza multidimensional a lo largo del tiempo, y específicamente en la más reciente, de 2024. En efecto, de acuerdo con los tabulados del INEGI, en México había 38.49 millones de personas en situación de pobreza, equivalentes al 29.6% de la población nacional. De ellas, 6.95 millones padecían pobreza extrema.
Según las estimaciones correspondientes a esa misma medición, recuperadas por UNICEF, 14 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en pobreza, es decir, el 38.7% de la población menor de 18 años, frente al 26.1% de las personas adultas. Además, aproximadamente 2.7 millones de menores de edad padecían pobreza extrema. La distancia de 12.6 puntos porcentuales entre ambos grupos constituye una manifestación particularmente inmoral de la distribución desigual de las privaciones en México.
La desigualdad se profundiza cuando se examinan las primeras etapas de la vida. En 2024, el 41.9% de las niñas y los niños menores de seis años se encontraba en situación de pobreza. Se trata de una población para la cual las privaciones materiales comprometen procesos fundamentales de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, con consecuencias que ninguna recuperación posterior del ingreso garantiza revertir plenamente.
Estas cifras obligan a considerar que la pobreza infantil posee una temporalidad distinta de la pobreza adulta. Para una niña o un niño, el tiempo transcurrido sin alimentación suficiente, protección, atención médica o condiciones adecuadas para aprender representa una parte irrepetible de su existencia. La privación acontece precisamente cuando se constituyen las capacidades mediante las cuales habrá de relacionarse con el mundo. Así, su gravedad reside tanto en las condiciones materiales que impone como en las posibilidades de experiencia, aprendizaje y realización que progresivamente restringe.
El próximo 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, ofrece una oportunidad para plantear una exigencia institucional concreta. Ante los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 resulta indispensable que el INEGI presente un diagnóstico específico sobre las condiciones de vida de las infancias, con la profundidad necesaria para reconocer desigualdades y rezagos por edad, sexo, territorio, pertenencia indígena, discapacidad y composición de los hogares. Su contribución radicaría en enriquecer el conocimiento indispensable para comprender las desigualdades y negación de derechos que experimentan las infancias.
En consecuencia, sería pertinente que, hacia el futuro inmediato, cada ejercicio estadístico relevante incorporara un apartado específico de niñez y adolescencia. Complementariamente, el INEGI podría desarrollar un sistema permanente de información sobre las infancias, con series históricas armonizadas, indicadores territoriales, datos abiertos y herramientas accesibles para conocer avances, rezagos e incumplimientos de derechos. Ello permitiría articular capacidades existentes, incluidas las del Sistema de Información de Derechos Sociales.
La justificación de semejante esfuerzo debe mantenerse independiente del peso demográfico de esta población. Incluso si las niñas y los niños representaran una proporción reducida del total nacional, la prioridad de sus derechos conservaría intacta su fuerza normativa. La dignidad humana no admite ponderaciones fundadas exclusivamente en el tamaño de los grupos poblacionales, y menos aún, en el manido y perpetuo argumento de la insuficiencia presupuestal.
Precisamente porque las infancias dependen de decisiones y estructuras que no controlan, la responsabilidad pública de garantizar sus condiciones de existencia resulta particularmente exigente. En última instancia, la cuestión remite a la forma en que México comprende su propia posibilidad histórica, pues una nación que tolera la reproducción de privaciones profundas durante los primeros años de vida compromete las condiciones sociales de su futuro y, sobre todo, incumple obligaciones fundamentales en su presente. La estadística puede contribuir decisivamente a transformar esta realidad si hace del conocimiento de las infancias una responsabilidad permanente del Estado y un instrumento al servicio de una planeación auténticamente democrática que propicie, como dice nuestra Carta Magna, el desarrollo integral de la población.
Investigador del PUED-UNAM