Las protestas que el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social ha iniciado hace unas semanas deben ser vistas no como un hecho central de la inestabilidad social y política que se vive en el país, sino como el síntoma de algo mucho más grande que está detrás y que tiene que ver con múltiples factores y que tendrá, ni duda cabe, efectos diversos. En su parte más evidente, el conflicto puede ser entendido como la manifestación por mejores condiciones salariales y laborales del personal de una de las instituciones más emblemáticas del país, lo mismo por lo que hace y representa para millones de mexicanas y mexicanos, que por aquello en lo que ha quedado a deber a su derechohabiencia. La exigencia de los trabajadores es clara: diez por ciento de aumento al salario y mejores condiciones para el desarrollo de las funciones. La respuesta de la autoridad parece inflexible: 6.8 por ciento de aumento global y promesas y compromisos de mejoras. El problema, sin embargo, es que, en el fondo, ese no es el problema.
Claro que los trabajadores quieren un aumento salarial y claro que la autoridad busca ajustar lo más posible su oferta para negociar, pero lo que existe detrás es un descontento por aquello que, desde el IMSS como desde otras instituciones públicas, los trabajadores perciben como una injusticia. Frente a los aumentos que en los últimos años se han hecho al salario mínimo en el sector privado – quizá el acto de justicia social más palpable del anterior y el actual gobierno – los ingresos de los empleados públicos no han crecido, ni de cerca, de la misma manera. Me explico: es perfectamente loable y justo que los ingresos de los trabajadores crezcan y que hoy los patrones tengan que pagar más a quienes hace algunos años apenas ganaban lo necesario para sobrevivir, pero ello contrasta con que los empleados públicos mantengan salarios bajos que cada vez se acercan más al mínimo por no crecer al mismo ritmo. En una medida que benefició a millones de trabajadores del sector privado con cargo a los ingresos de patrones y empresas, los burócratas y empleados públicos se han rezagado respecto de aquellos y del costo de la vida. Mientras que el salario mínimo paso de $2,650 en 2018 a $9,451 en 2026, el salario promedio de un médico del IMSS pasó, en ese mismo periodo, de $10,105 a $12,844.
Por otro lado, la que se hace con el IMSS abre el ciclo de negociaciones salariales y contractuales con los trabajadores del sector público, lo que fija parte importante del tono, sentido y alcance de la política laboral y sindical del año siguiente. Si la demanda de los trabajadores del IMSS y la propuesta gubernamental – que hoy se vota – no encuentran coincidencia, el resto de las negociaciones de complicarán y podrían poner al país en una situación sumamente complicada: el resto de trabajadores gubernamentales no aceptarán aumentos que vayan muy por debajo de lo que haya recibido el Sindicato del Seguro Social y la conflictividad podría continuar en las calles y en la intermitencia de servicios públicos. ¿Cómo resolvería el entuerto una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no está recaudando lo necesario para mantener un gasto corriente que tendría que aumentar alrededor de un ocho por ciento cuando el crecimiento de la economía mexicana ha sido marginal? La única manera de conseguirlo es a través de la contratación de más deuda, con el riesgo que ello implica para la estabilidad económica – y por lo tanto política y social – de México.
Por estas razones es que al inicio de esta colaboración afirmaba que aquello que hoy se piensa como el problema central, en realidad no lo es y la dificultad radica en una política económica que no alcanza para sostener la política social que se ha trazado. Una política fiscal con recaudación baja por el tamaño de la base gravable, una política social que palia efectos pero no combate causas, una política económica que no incentiva la creación de más y mejores empleos, una política sindical que no genera corresponsabilidad para lograr mayor eficiencia y sigue siendo vista como cotos de poder, no pueden conducir sino a un callejón sin salida que al paso del tiempo se topa con la pared de la falta de liquidez para hacer frente a necesidades y demandas. La espiral a la que podríamos entrar es de sumo delicada y va mucho más allá de las protestas callejeras y los efectos que estas provocan, pero seguimos perdidos en mirar la superficie sin querer atender las causas que nos han colocado en esta situación.
Profesor de la UNAM
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