La escandalosa corrupción en el Instituto Nacional Electoral destapada por distintos medios de comunicación está llamada a ser un parteaguas en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Frente a la incontrovertible evidencia que ha mostrado una vinculación grotesca y vulgar entre Guadalupe Taddei, otrora presidenta del INE, y José Alfredo Hernández Casillas, la presidenta y prácticamente la totalidad de los morenistas han buscado negar su paternidad y maternidad señalando que Taddei ya formaba parte del sistema electoral al haber sido avalada en el pasado como consejera presidenta del Instituto Electoral sonorense. Parecen olvidar que su incorporación a la quinteta de la que resultó insaculada no solo hubiera sido imposible sin el respaldo oficialista, sino que incluso en su momento fue impugnada por parte de la oposición. Hoy, sin embargo, no solo han abandonado a su suerte a la ex consejera presidenta – como tendría que ser frente a una conducta claramente delictiva – sino que incluso pretenden culpar de ello al pasado, buscando negar cualquier responsabilidad en su llegada al Instituto.
La realidad es que el arribo de Taddei al órgano electoral obedeció a una serie de componendas al interior de Morena y de los grupos en el gobierno del presidente López Obrador. De las cinco integrantes de la quinteta de la que resultó insaculada la sonorense, únicamente una, la entonces magistrada electoral Rebeca Barrera Amador, no tenía vínculos claros con Morena. Guadalupe Taddei guardaba relación con Alfonso Durazo, gobernador sonorense y presidente del Consejo Nacional de Morena; Bertha Alcalde Luján es hermana de Luisa María, quien entonces era secretaria del Trabajo y Previsión Social; Guadalupe Álvarez Rascón es hija de José Antonio Álvarez Lima, quien entonces ocupaba un escaño en la bancada morenista en el Senado; en tanto que Iulisca Zircey Bautista Arreola es esposa de Daniel Octavio Fajardo, quien en ese momento ocupaba la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu. Ni Taddei ni cuando menos tres de las cuatro restantes integrantes de la quinteta carecían de vínculos con el oficialismo y pretender asumir que la incorporación de la sonorense a esta lista obedeció a su paso como consejera presidenta del órgano electoral de su estado es, por decir lo menos, ingenuo.
En este escenario del que el discurso oficial puede apartarse, pero del que el análisis y la reflexión policía no pueden abstraerse, es que la ocasión no solo se convierte en parteaguas, sino principalmente en una oportunidad para recomponer el camino. La presidenta Sheinbaum y su gobierno tienen frente a sí una ocasión dorada para mandar un mensaje de apertura e inclusión política. Para ello, bastan tres acciones de sumo sencillas. En primer término, es necesario dejar de negar la cercanía entre Taddei y Morena que a todos nos queda clara. Negar lo evidente no hace sino confirmar la complicidad. En segundo lugar, se requiere que quien vaya a sustituir a la defenestrada goce no solo de simpatías en Morena, sino cuando menos del voto de confianza de parte de la oposición. No se puede insistir en imponer a los cercanos. Finalmente, frente al cúmulo de evidencias que demuestran conductas delictivas asociadas con el otorgamiento de contratos, es necesario proceder administrativa y penalmente en contra de Taddei y de quienes estén involucrados en los actos ilegales. Una renuncia no basta para enviar el mensaje que tanto hace falta: en México se privilegia el respeto a la ley y el Estado de Derecho por encima de la conveniencia y los pactos políticos.
El gobierno y la presidenta Sheinbaum parecen haber dado una primera señal de que podrían ver esta coyuntura como la ocasión para enviar un mensaje de quiebre hacia el anterior gobierno al haber dejado a su suerte a Guadalupe Taddei. Salvo algunos despistados que en los primeros días del escándalo pretendieron hacer una tibia defensa de la ex presidenta del INE, ni los más radicales de Morena han dicho “esta boca es mía”. Taddei tendrá que sortear esta tormenta sin el apoyo de quienes hace poco más de tres años la ungieron como titular el órgano electoral. A siete meses de distancia del próximo proceso electoral, al oficialismo le vendría bien que el desmarcaje no solo sea discursivo, sino que se traduzca en decisiones que permitan recomponer, aunque sea en parte, la legitimidad que el Instituto Nacional Electoral ha perdido. De cara a la renovación de la Cámara de Diputados, se trata de una oportunidad inmejorable para fortalecer nuestra insipiente democracia.
Profesor de la UNAM
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