“No todo lo que se puede contar cuenta
                                         y no todo lo que cuenta se puede contar”
                                                                                             Albert Einstein
​

Creo que todos estamos de acuerdo en que por más acabada, sólida y necesaria que sea una institución, un programa, un proyecto o un cargo público, para que ellos funcionen, para que sean efectivos y arrojen los resultados esperados, requieren del combustible que constituye el invariable recurso económico.

Sin dinero, cualquier figura o institución está destinada al fracaso y a su eventual extinción. Traigo esto a colación por dos circunstancias particulares. La primera que por fin fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el denominado Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), se recoge la asignación económica para el combate a la corrupción durante el ejercicio 2022 que alcanzará los 3 billones y medio de pesos, que representan $216,297,836 pesos más de los asignados para el año 2021.

Ese Anexo recibe su naturaleza “transversal” pues tal función se encuentra diseminada en múltiples instancias gubernamentales, que en sus respectivas partidas presupuestales ejercen recursos para el combate a la corrupción.

El gasto se reparte en cuatro ejes que incluyen 1) el combate a la corrupción y la impunidad; 2) el combate a la arbitrariedad y el abuso de poder; 3) mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad; y 4) involucramiento de la sociedad y del sector privado. De ellos, el más favorecido es el primero, es decir, el combate a la corrupción y a la impunidad con $2,659,525,983 que incluyen, por ejemplo, programas estratégicos de coordinación entre autoridades, homologación de protocolos y procesos de denuncia; definición de la política criminal, así como el fortalecimiento de capacidades de investigación a las Fiscalías.

Por su parte, los dos ejes que menos recursos económicos siguen recibiendo son el 3) y 4), con $47,572,299 y $87,097,950, respectivamente, es decir, precisamente las asignaturas orientadas a incentivar los mecanismos de participación ciudadana, a crear estrategias incluyentes de participación ciudadana en combate a la corrupción, fomento de ejercicios de parlamentos abiertos y fortalecimiento de los Comités de Participación Ciudadana. Si se cree que el combate efectivo contra la corrupción debe gestarse de arriba para abajo, sólo tirándole a peces gordos desde las instancias de poder público, nuestra brújula está dañada. La apuesta primaria debe ser, indefectiblemente, el fortalecimiento ciudadano como mecanismo de control de hechos de corrupción, millones de monitores ciudadanos que, además, no le costamos un peso al erario.

Tampoco es correcto que el combate a la corrupción a nivel nacional pueda descansar en siete instituciones, como parece indicar el PEF pues entonces partimos de la premisa equivocada de que tal tarea es responsabilidad de unos cuantos y no de todos. El ATA contiene presupuesto para i) el Poder Judicial (a través del Consejo de la Judicatura Federal), ii) Hacienda y Crédito Público (por conducto de la recién golpeada UIF, de la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones, de la CNBV y del SAT); iii) Secretaría de la Función Pública; iv) Tribunal Federal de Justicia Administrativa; v) INAI; vi) Secretaría Ejecutiva del SNA y vii) FGR (por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción), como si ellas fuesen las únicas encargadas de combatir la corrupción. ¿Cree usted que el poder legislativo, el ejecutivo, los organismos autónomos, organismos descentralizados y un largo etcétera, no debamos luchar contra la corrupción? La lucha anticorrupción, es más, mucho más, que sólo siete dependencias gubernamentales.

La segunda circunstancia que mencionaba al principio, se relaciona con el Sistema Local Anticorrupción en la Ciudad de México (SLA), en donde el escenario no es mucho más alentador. Hace unos días, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), denunció el riesgo de colapso en que se encuentra el SLA por la falta de recursos para su operación e incluso de los necesarios para cubrir sus honorarios y el de las demás personas que integran el CPC, instancia que, además de ser el vínculo con la ciudadanía, es cabeza del Comité Coordinador y brazo ejecutor de las políticas, determinaciones y estrategias de coordinación entre el Sistema Local y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Parecería que la convicción ciudadana de la lucha contra la corrupción, debe constituir un auténtico salto de fe. Con condiciones tan prósperas ¿a poco no se antoja entrarle al prometedor campo anticorrupción?