La democracia y la cuestión social
El Instituto Nacional Electoral cuenta con una amplia aceptación entre la ciudadanía. Según diversas encuestas su trabajo tiene la aprobación de entre el 65 y el 70% de los mexicanos, las diversas y masivas manifestaciones de apoyo realizadas en todo el país el pasado 13 de noviembre parecen confirmarlo. El entramado electoral construido en las últimas cuatro décadas ha permitido que el país haya transitado de un régimen de partido único a una competencia política en la que se expresan diversas corrientes y mediante la cual se ha logrado una alternancia pacífica en el ejercicio del poder. Los cambios de estafeta en el gobierno y congresos han sido frecuentes en los ámbitos local y federal. Más allá del marco estrictamente electoral la sociedad mexicana es ahora visible y objetivamente más democrática que hace cuarenta años. El ejercicio del poder gubernamental se enfrenta ahora con diversos contrapesos institucionales y legales que anteriormente no existían. La ciudadanía es ahora más crítica y más exigente frente al gobierno y sus representantes.
Democracia y la cuestión social
No obstante, existe la percepción entre una parte importante de la población de que la democracia ha fallado. En esta franja social se piensa que la transición a la democracia no sólo no ha resuelto los problemas sociales más apremiantes, sino que incluso los ha agravado.
En 2021 la medición publicada por la empresa Latinobarómetro encontró que México se encuentra entre los países en donde una menor proporción de su población tiene aprecio por el régimen democrático. Esta proporción no siempre ha sido la misma. En 1995 el 51.3% de la población valoraba el régimen democrático, subió a 65.3% en el 2003 y para el 2021 había bajado al 47.2%. Para tener un punto de comparación, Uruguay y Costa Rica con 78.5% y 74.1%, respectivamente, son los países en donde sus ciudadanos más aprecian la democracia. Un dato más preocupante es el que señala que al 52.8% de los mexicanos les da lo mismo vivir en un régimen democrático que en uno autoritario, solo superado en este indicador por Honduras, Ecuador, Panamá, Guatemala y Brasil. México se ubica en el penúltimo lugar, sólo por arriba de Paraguay, entre los países en los que sus ciudadanos afirman que en algunas circunstancias es preferible vivir en un régimen autoritario, con 24.6%.
¿Cómo se explica que esa parte de los ciudadanos no valoren la importancia de vivir en un régimen que permite elegir libremente a los gobernantes en contiendas reguladas y equitativas? ¿Por qué la mitad de la población no ve la diferencia entre democracia y autoritarismo y la cuarta parte justificaría esta última forma de gobierno “en alguna circunstancia”?
Sin duda existen muchas respuestas a estas preguntas, pero seguramente una de ellas ---la más común--- tiene que ver con la afirmación muy extendida de que la alternancia no ha resuelto los altos grados de pobreza y desigualdad, no se ha eliminado la corrupción, los niveles de violencia e inseguridad se han incrementado, no ha mejorado el acceso a la salud ni a la educación, no se ha logrado un salario digno, etcétera. El ciudadano percibe que sus condiciones materiales de vida no han mejorado y, en algunos casos, han ido de mal en peor y tiende a responsabilizar de ello a la democracia. Este reclamo no sólo está presente en muchos ciudadanos comunes, intelectuales críticos de la transición democrática han planteado lo mismo. Algunos han llegado a afirmar que el incremento de la violencia en el territorio, así como los problemas de corrupción e impunidad, guardan relación con el aumento de la competencia electoral a nivel local.
¿Es correcto responsabilizar al sistema electoral ---diseñado principalmente para propiciar una transición pacífica del poder--- de los persistentes y graves problemas sociales? ¿Qué pueden hacer las instituciones electorales para combatir la pobreza, la violencia y demás?
Es muy común confundir las causas reales de los problemas y más común aún confundir correlación con causalidad. A estas formas del pensamiento que atribuye la responsabilidad de un hecho a algo que no lo causa se le conoce como falacia de causalidad o también falacia de correlación espuria. Es una deficiencia en la lógica muy extendida, pero en este caso muy desafortunada porque conduce a juicios erróneos en un tema socialmente relevante.
SI no es el sistema electoral ¿quién es entonces el o los responsables?
Se puede intentar resolver esta pregunta recurriendo al importante estudio de Jeffrey Sachs publicado en su libro Economía para un planeta abarrotado. Sachs logra articular un conjunto de propuestas para lograr un desarrollo centrado en el medio ambiente y la población. Resolver las trampas del bajo crecimiento, de la pobreza y desigualdad. Su trabajo es muy extenso por lo que sólo destacaré un aspecto que sirve al tema de la democracia y la cuestión social. Sachs hace una comparación entre un grupo de países nórdicos ---Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia--- con los Estados Unidos. Todos estos países tienen democracias liberales, economías de mercado abiertas al mundo globalizado, renuevan periódicamente sus gobiernos, etcétera; pero son sociedades con diferencias marcadas en sus niveles de pobreza y desigualdad social. La tasa de pobreza en los países nórdicos es del orden del 5% de su población mientras que en EU ronda el 17%. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, es diez puntos más alto en EU que en los países nórdicos (.35 contra .25). El gasto social del sector público como porcentaje del producto nacional es de alrededor del 27% en los nórdicos mientras que apenas toca el 15% en EU. El gasto social se financia con una carga fiscal significativamente más alta en los llamados países del bienestar.
Fueron los partidos socialdemócratas convertidos en gobierno los que, en democracia, formularon los programas y la visión que cambiaron el rostro de las sociedades nórdicas. Estas corrientes han sido muy débiles en la política norteamericana y prácticamente no han existido en México.
¿Se podría concluir entonces que no es la democracia electoral la responsable de la persistencia de los problemas sociales, sino sus usufructuarios que, una vez en el poder no atinan a impulsar las políticas públicas correctas?
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