Opinión

La detención de Jesús Murillo Karam

La detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) que se llevó a cabo el pasado viernes 19 de agosto, bajo las acusaciones de: desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, tiene fundamentos endebles. En primer lugar, porque la llamada noche de Iguala, es decir, la del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, fue un choque entre dos bandas del crimen organizado “Los Rojos” comandados por Santiago Mazari alias “El Carrete”, y “Los Guerreros Unidos”, cuyo jefe regional era Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” y quien le pidió al jefe de policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, que le entregara a todos los normalistas detenidos ese día.

Exprocurador Jesús Murillo Karam

Exprocurador Jesús Murillo Karam

Cuartoscuro

Se sabe que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, actuaban de común acuerdo con “Los Guerreros Unidos”. Al respecto, debemos decir que la zona de Guerrero y Morelos, estuvo mucho tiempo controlada por, Salomón Pineda Bermúdez, y sus hijos Mario y Alberto Pineda Villa; vale decir, padre y hermanos de María de los Ángeles Pineda.

En la región se sabía de la amistad entre “El Carrete” y el rector de la Normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera y que éste permitió que en ese centro educativo entrara el narcomenudeo y el reclutamiento de gente al servicio de “Los Rojos.”

El pretexto con el que llegaron los estudiantes de Ayotzinapa a Iguala era secuestrar camiones para trasladarse a la ciudad de México, con el propósito de conmemorar el 2 de octubre en la Ciudad de México; pero, en realidad, el propósito era boicotear un mitin de María de los Ángeles Pineda, en el que lanzaría su candidatura como próxima presidenta municipal de Iguala. Además, según dice, también tenían el objetivo de asesinar al jefe de Los Guerreros Unidos en la región.

El cargo de tortura en el que pudiese haber participado directamente Murillo Karam es extremadamente difícil de probar en vista de que no hay pruebas de que el exprocurador haya intervenido directamente en algún caso de tormento.

Con la tercera imputación, es decir, el cargo de proceder contra la administración de la justicia, resulta aún más endeble, tanto así que el juez que recibió el caso de Murillo Karam, regañó a quienes lo presentaron ante el togado por exhibirle un caso con tantas deficiencias.

Con la detención de Murillo Karam los lopezobradoristas quieren reforzar el dicho de que lo que ocurrió aquella noche en Iguala fue un “Crimen de Estado”. Quienes acuñaron esta versión de los hechos pretendieron echarle la culpa al gobierno de Enrique Peña Nieto; pero es una versión de los hechos que no tiene asidero. Con todo y eso, mucha gente lo cree y andan en busca no de justicia, sino de atacar directamente al gobierno de Peña Nieto.

Es curioso y no carente de significado que en las marchas que se realizaron aquí en la ciudad de México y en otras ciudades del país en protesta por los asesinatos y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, la consigna haya sido esa, precisamente, la de que fue un “Crimen de Estado”. Cuando le aconsejé a una amiga reportera que les preguntara a los manifestantes por qué no hacían alusión a los narcotraficantes muchos no supieron qué decir; otros, simplemente, dijeron que la demanda iba implícita (sic).

El punto nodal es que al desviar la atención hacia un tema federal, siendo que le correspondía al orden municipal y estatal, los responsables de impartir justicia en esos órdenes de gobierno quedaron a buen resguardo, en tanto que el tema del narcotráfico salió totalmente del radar de la opinión pública o, por lo menos, quedó en las tinieblas.

Después de los casi ocho años que han pasado desde aquella noche infausta, el asunto está tan manoseado y enredado que, por ejemplo, han dejado salir libres a cerca de 90 personas que habían confesado haber participado en las detenciones y desapariciones; otros ya murieron.

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Refrendo lo que varios analistas han dicho: “la detención de Jesús Murillo Karam no es un tema de justicia, es un asunto político.” Y se da, precisamente, en momentos en que las relaciones entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto se han tensado. El famoso “pacto de impunidad” se rompió cuando el mexiquense tuvo una reunión en Madrid con políticos de su estado para hablar acerca de las elecciones en esa entidad federativa el próximo año. La respuesta vino cuando se dio a conocer que las cuentas bancarias de Peña Nieto y su familia estaba bajo investigación por parte de la UIF; luego los gacetilleros y guaruras verbales del actual régimen la han emprendido parejo, como si fuese nado sincronizado, contra Peña Nieto y el grupo Atlacomulco.

Convengamos en que el Estado de México, es la joya de la corona. El combate por esa entidad, como lo estamos viendo es, a navajazo limpio.

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