Opinión

Michoacán: ¿tiene salvación? (II)

Como le comenté ayer, en 2014 el gobierno peñista lanzó el Plan Michoacán, segundo intento federal para devolver la gobernabilidad a la entidad. La estrategia tuvo relativo éxito, pues descabezó a Los Templarios, institucionalizó las autodefensas como Fuerza Rural y conformó la Policía Michoacana bajo un mando único (2016), con la adhesión de casi todos los municipios.

Para 2015 y con la llegada de Silvano Aureoles (PRD) al gobierno estatal, Michoacán dispuso de militares y policías federales que, junto con los estatales, sumaron ocho mil elementos.

Pero en este mundo nada sale como se planea. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aprovechó la declinación de las mafias locales para irrumpir en Michoacán.

Desde entonces, el CJNG anunciaba su intención de convertirse en el cártel más poderoso de México, para lo cual se alió con lo que quedaba de nueve grupos locales, entre ellos Los Cuinis, Los RR y Los Cornudos (hasta sentido del humor tienen, caray).

El problema con el CO es que ningún grupo se queda quieto. Ante la expansión del CJNG, el Cártel de Sinaloa se alió con Los Zambada y otros locales para conformar Cárteles Unidos (CU). La escalada de violencia continuó, agravada por dos factores: primero, en 2018, de los 110 municipios, solo 65 ratificaron su adhesión al mando único; vaya usted a saber por qué. Segundo, el apoyo federal se desvaneció con la conclusión del sexenio.

Aun cuando la administración lopezobradorista no hizo explícito su apoyo a Michoacán, es de las entidades con mayor número de elementos de la Guardia Nacional (GN) e, incluso, ésta ya cuenta con cinco cuarteles en la entidad. En su batallar con los arrestos, también se enfrenta a pobladores cooptados por el CO quienes han llegado a solicitar el retiro de la GN y que ésta les devuelva sus armas (2020).

Aureoles invirtió ocho mil millones de pesos en 11 cuarteles para la Policía de Michoacán e instaló el C5 en Morelia, así como arcos carreteros. En contraste, solo 55 por ciento de los policías está certificado.

La violencia en Michoacán lo corroe todo. En pleno proceso electoral, el CO quemó tiendas y casas en distintos municipios, al punto que se suspendieron campañas. Mientras tanto, habitantes de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Parácuaro huyeron para escapar de la violencia.

Los habitantes están tan hartos de la situación, que en julio pasado marcharon a Morelia para exigir respuestas y en el camino fueron al cuartel militar a reclamar a las FFAA. No es ocioso: los caminos están destruidos y el CO corta la energía eléctrica cuando quiere. No hay paso a cosechas, mercancías, escuelas… a nada.

Una vez elegido Alfredo Ramírez Bedolla (MORENA) como gobernador, AMLO lanzó el Plan de Apoyo a Michoacán, en octubre de 2021, pues la propia SEDENA reconoció que el CO tenía secuestrados varios municipios. Por su parte, la SEMAR se hizo cargo de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo para tratar de controlar el ingreso de sustancias activas provenientes de China. Como sea, Michoacán terminó 2021 con dos mil 433 homicidios dolosos y ocupa el lugar 27 de 32 en el Índice de Desarrollo Humano.

En febrero de este año, la SEDENA dio amplia difusión a las acciones para la recuperación de Aguililla y municipios aledaños, poniendo énfasis en la anulación de las bases sociales del CJNG.

Parecería que la tercera tiene que ser la vencida. Lamentablemente, la ingobernabilidad en Michoacán no parece terminar. Los hechos recientes en Aguililla, San José de Gracia y Parangaricutiro así lo indican. Cabe agregar los asesinatos de los periodistas de Zitácuaro, Roberto Toledo y Armando Linares, este último ocurrido ayer mismo.

El CO afecta las estructuras legales de autoridad, la economía, la educación, el tránsito libre de personas, las elecciones, la seguridad… Si todo esto no es estar en llamas, ha de ser porque no conozco el fuego… 

Foto: Especial

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