Al obligar a Congresos locales a legislar bajo consigna, Poder Judicial invade facultades, anula debate democrático y confisca representación popular, dice Abraham Madero —
El andamiaje constitucional sobre el que se fundó la República Mexicana enfrenta una de sus crisis más profundas y silenciosas con la erosión deliberada del federalismo a manos de una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desbordada, denunció Abraham Madero, director general de Early Institute, y organizaciones civiles.
Señaló que “a través de un activismo judicial que ha dejado de ser interpretativo para volverse impositivo, el Máximo Tribunal del país emprendió una cruzada jurídica para forzar las agendas de la interrupción legal del embarazo y el reconocimiento legal de las infancias transgénero”.
Afirmó que esta irrupción vulnera de manera directa la soberanía de los estados de la Federación.
Abraham Madero calificó este hecho como un abuso técnico que altera el equilibrio de los Poderes de la Unión; “al obligar a los Congresos locales a legislar bajo consigna, el Poder Judicial no solo invade facultades ajenas; anula por completo el debate democrático”.
El Ultimátum de Yucatán, Legislar bajo Amenaza
Explicó en entrevista que la crisis alcanzó ya su punto más crítico en el estado de Yucatán.
“El Palacio Legislativo de Mérida se encuentra bajo un asedio judicial inminente; el Máximo Tribunal ha emplazado a los 35 diputados locales para despenalizar el aborto a más tardar este lunes 22 o martes 23 de junio de 2026”, reveló.
Dijo que las medidas de apremio dictadas por los ministros reflejan una severidad punitiva sin precedentes para un cuerpo legislativo soberano.
“De no acatar el mandato, cada diputado enfrenta una multa individual de 16 mil pesos, la amenaza de arresto administrativo e incluso la destitución en pleno del Congreso local”, denunció Abraham Madero.
El abogado mostró el reportero documentos que muestran cómo la Suprema Corte dictaminó explícitamente que la reforma “no se encuentra al arbitrio de los legisladores yucatecos”.
Indicó que esta determinación “confisca de facto la representación popular, transformando a los diputados en meros secretarios de actas obligados a firmar una agenda diseñada en despachos metropolitanos”.
Puebla, También
Otro Congreso estatal amenazado en su soberanía es el de Puebla, que padece la exigencia de la SCJN para que los legisladores aprueben leyes también relacionadas con las llamadas infancias trans.
Reveló que actualmente, el congreso poblano ya recibió más de seis requerimientos judiciales y se encuentra bajo el emplazamiento de pagar multas en caso de no acatar la instrucción de legislar en este sentido.
Explicó que este activismo legislativo de la Corte tiene implicaciones legales y políticas.
“Además de las multas, existe la advertencia de que el incumplimiento de estas sentencias puede derivar en la destitución de los legisladores o en penas de cárcel por desacato judicial, el cual es considerado un delito”, indicó.
Early Institute denunció que estas acciones constituyen un “activismo judicial desmedido que atenta contra el pacto federal y la autonomía estatal, ya que la Corte no solo interpreta la ley, sino que ordena su creación con contenidos específicos, eliminando el margen de debate democrático de los congresos locales”.
Abraham Madero comentó que incluso hay diputados en Puebla que “están siendo víctimas de presión directa debido a que todo el cuerpo legislativo fue multado por no cumplir con los plazos impuestos por el tribunal”.
Poder Judicial no Legisla
El dirigente de Early Institute recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado de manera reiterada en sus conferencias matutinas que “el Poder Judicial no legisla”.
Madero explicó que la postura oficial presidencial sostiene que la función de la SCJN “debe limitarse a interpretar y aplicar las normas, en lugar de sustituir al Poder Legislativo o dictar órdenes a los congresos locales”.
Explicó que existe una contradicción entre el discurso presidencial y el actuar del tribunal, pues “la Corte ejerce un activismo judicial al obligar a los estados a adoptar agendas específicas”.
Reconoció la defensa que la presidenta Claudia Sheinbaum hace de la autonomía legislativa, y lamentó que el Poder Judicial desatiendo esta postura e imponga criterios con efectos generales en temas como el aborto y las infancias trans, “lo que constituye una forma de legislar por la vía de los hechos”.
Concordó con la titular del Poder Ejecutivo en que la creación y modificación del marco jurídico corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión y a los congresos locales.
Por ello, afirmó que las declaraciones de la presidenta Sheinbaum deben traducirse en un “freno a las resoluciones de la Corte que vulneran la soberanía de los estados”.
Salvaguardar Pacto Republicano
Abraham Madero señaló que el avance de estas determinaciones judiciales no responde a un consenso orgánico de las familias mexicanas, sino a estrategias centralistas que desatienden las facultades locales en materia civil y penal.
Dijo que al uniformar el derecho interno de estados con identidades tan diversas como Yucatán, Puebla o Jalisco, es debilitada la estructura misma de la República.
“La Suprema Corte corre el riesgo de transformarse en un órgano de diseño social ajeno a las urnas; restaurar el equilibrio republicano exige que los tribunales regresen a su función de árbitros y dejen de actuar como legisladores sustitutos que imponen visiones ajenas al sentir comunitario de los estados de la nación”, manifestó.
Jalisco, ejemplo; falta el gobernador de Yucatán
Early Institute reconoció la reacción que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tuvo ante la SCJN y la calificó de “ejemplar”.
Explicó que el mandatario tapatío mostró firmeza ante la notificación judicial también relacionado con las “infancias trans”, y manifestó abiertamente que no le importaba la notificación de la Corte y que dicha medida no se aprobaría en el estado.
“Lemus sostuvo que, si el Congreso de Jalisco decidía no aprobar la reforma, esta no pasaría, independientemente de la instrucción judicial”, reveló.
Abraham Madero señaló que tras esta “postura firme del gobernador, la Corte le bajó a su presión, lo que demuestra que un pronunciamiento político de este nivel puede frenar la inercia de las sentencias judiciales”.
El dirigente de Early Institute resaltó que, a diferencia de otros estados como Puebla o Yucatán donde el tema es mantenido en un nivel técnico entre funcionarios jurídicos y legisladores, en Jalisco el asunto escaló hasta el gobernador, quien asumió una posición política clara y en favor de la vida y las familias de México.
Señaló que esperan una reacción similar, en los gobernadores de Yucatán y Puebla.
La advertencia desatendida de Reyes Heroles
Esta tendencia de la administración de la justicia a colocarse por encima de la soberanía popular revive una de las advertencias más lúcidas del pensamiento político moderno en México.
En febrero de 1979, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, vislumbró los riesgos de una burocracia que se independiza del ciudadano.
El funcionario que llegó incluso a renunciar a su cargo en congruencia con sus principios y valores, sostuvo que debía lucharse para que la sociedad civil fuera cada vez más política, para impedir así que la administración supliera al gobierno, que los administradores sustituyeran a los políticos y que la función técnica fuera separada por completo del electorado.
Al imponer agendas de fuerte impacto social como el aborto y la identidad de género en menores, los magistrados operan precisamente como esos administradores que suplantan la política.
Es la evidencia de un divorcio entre las realidades culturales de los estados de la República y un aparato judicial que deshumaniza el humanismo social de la Cuarta Transformación.
Además del aborto y las infancias trans, Early Institute manifiestó preocupación por una agenda amplia de temas sociales y jurídicos que impactan el bienestar social y la estructura democrática de México.
De acuerdo con Abraham Madero, otros temas que preocupan a la organización son la eutanasia, la reproducción asistida y vientres subrogados.
Advirtió que la SCJN empieza a actuar con la misma lógica de imposición que en otros casos.
Activismo Judicial y Federalismo
Más allá de estos temas sociales específicos, la “preocupación mayúscula de Early Institute en este momento es el activismo judicial, que la SCJN vulnere la división de poderes, el pacto federal y la soberanía de los estados al suplantar las funciones de los congresos locales y obligarlos a legislar bajo coerción”.
Abraham Madero resaltó que les preocupa la falta de debate sobre la protección reforzada del embarazo y el derecho a la vida en las sentencias judiciales, así como el uso de argumentos sobre la criminalización de mujeres que, según sus investigaciones basadas en datos oficiales, no coinciden con la realidad de las cárceles en México.
Denuncian activismo judicial de SCJN, fractura pacto federal en Yucatán y Puebla