México tiene un serio problema de dependencia energética. Actualmente el 60% de la energía eléctrica que se consume en el país está destinada a uso industrial y el resto para uso residencial y doméstico, comercio y servicios, agricultura y otros sectores, en ese orden. El 65% aproximadamente de la energía eléctrica se produce a partir de gas natural y su abasto depende en un 70% de las importaciones que llegan desde los Estados Unidos.
Actualmente ya existen algunos pozos de fracking distribuidos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, franja rica en lutitas (tipo de roca que guarda gas natural y crudo). Sin embargo, dados los problemas medioambientales relacionados con dicho proceso, durante el gobierno del expresidente López Obrador hubo un compromiso político de no promover el fracturamiento hidráulico y, en 2024, se presentó una iniciativa para prohibirlo en la Constitución. Sin embargo, esa reforma constitucional no fue aprobada antes del cambio de administración, por lo que el fracking no quedó prohibido expresamente en la Constitución.
Dada la situación actual, el gobierno federal se encuentra valorando la posibilidad de retomar el fracking como estrategia para la extracción de gas natural en territorio nacional, considerando que la dependencia de los Estados Unidos representa un riesgo constante de desabasto, ya sea por fenómenos naturales como las tormentas invernales del 2021 en Texas, o por la incertidumbre económico-política que prevalece hoy en día con el vecino del norte.
El fracking o fracturamiento hidráulico presenta diversos problemas relacionados con la disponibilidad de agua ya que utiliza entre 10 y 30 millones de litros de agua por pozo. Parte del agua regresa a la superficie mezclada con metales pesados, hidrocarburos, sales e incluso elementos radiactivos naturales presentes en la roca, por lo que se contaminan los cuerpos de agua y si el revestimiento del pozo falla o existe un manejo inadecuado de las aguas residuales, pueden migrar hidrocarburos, sales o sustancias químicas que contaminan los acuíferos.
Además el metano que se emite tiene un efecto de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono en los primeros 20 años después de su liberación. Por si fuera poco, en algunos lugares, sobre todo por la inyección profunda de aguas residuales, se ha observado un incremento de sismicidad.
La presión actual derivada del crecimiento de sectores intensivos en energía, como los centros de datos, la manufactura avanzada y el fenómeno del nearshoring, está aumentando la demanda de electricidad y, por tanto, de gas natural. Por esta razón se está considerando retomar este proceso ya que diversas evaluaciones geológicas estiman que México posee uno de los mayores recursos técnicamente recuperables de gas de lutitas del mundo, particularmente en las cuencas de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), Sabinas-Burro-Picachos (Coahuila y el norte de Nuevo León) y Tampico-Misantla (Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla).
Hoy en día se evalúan aspectos como la existencia de tecnologías que reduzcan el consumo de agua, sistemas de reutilización del agua usada en el proceso, métodos para disminuir las emisiones de metano e identificar únicamente aquellas regiones donde el riesgo ambiental sea menor. El “fracking sustentable” no existe, por lo que la decisión conlleva grandes riesgos además que su implementación generaría un retraso en la transición hacia energías renovables.
¿Valdrá la pena sopesar la protección de los recursos hídricos, la reducción de emisiones y la conservación ambiental y generar un plan de sustitución paulatina del uso de gas natural por energías verdes?