Aceptaría Morena nueve cambios para aprobar rápido nueva Ley de Ciencia
Establecer un compromiso para que el presupuesto federal dedicado a ciencia nunca sea menor que el año anterior; mantener a los Centros Públicos de Investigación como entidades paraestatales; no modificar el régimen ni derechos laborales de los actuales trabajadores de los CPIs, entre las modificaciones
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El futuro de los programas de becas y financiamiento a la investigación dependerán de la Ley General que se discute en el Poder Legislativo.
Por lo menos nueve cambios sustanciales a la iniciativa presidencial para contar con una nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), serían aceptados por los diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el objetivo de aprobar rápidamente el dictamen de ese marco jurídico, el próximo martes 25 de abril, y presentarlo ante el pleno de la Cámara de Diputados el jueves 27, cuando está programada la última sesión del actual periodo de sesiones.
Los posibles cambios no han sido difundidos oficialmente y Crónica tuvo acceso a ellos en medio de un ambiente de rumores en el que prácticamente se da por hecho que Morena provocaría la cancelación de 5 foros pendientes de Parlamento Abierto para escuchar las voces de investigadores, autoridades y representantes de empresas de base tecnológica. Ante ese posible albazo, el Partido Acción Nacional (PAN) estaría preparando promover una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley, si es aprobada sin consenso.
Los nueve cambios sustanciales que podría aceptar el partido mayoritario están descritos en un proyecto de dictamen que ha sido leído, discutido y modificado por asesores de los diputados de las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, al cual tuvo acceso Crónica y en el que se explican muy claramente los cambios que podrían aceptar los legisladores del grupo mayoritario.
Establecer un compromiso para que el presupuesto federal dedicado a ciencia nunca sea menor que el año anterior; mantener a los Centros Públicos de Investigación (CPIs) como entidades paraestatales; no modificar el régimen ni derechos laborales de los actuales trabajadores de los CPIs y aumentar de seis a ocho el número de representantes de investigadores, sector social y privado en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), son algunos de los cambios más importantes.
También se define con más claridad cuál será la participación de los estados y municipios en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; se cambia la redacción de la manera como se otorgarían las becas de posgrado; se añade una referencia al apoyo de las investigaciones realizadas por pueblos indígenas y se plantea la idea de que los investigadores del universidades privadas sí puedan recibir estímulos económicos por ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), siempre y cuando sean sus propias fuentes de trabajo quienes se los otorguen.
El pre-dictamen modifica más de 70 fragmentos de la iniciativa enviada por el Presidente de la República, aunque en su mayoría son cambios en la sintaxis o en el orden de los artículos y es muy notorio que en muchos sólo se agrega la palabra Humanidades, donde sólo se mencionaban Ciencia, Tecnología e Innovación.
En lo que se refiere a cambios sustantivos, que intentarían responder a algunas de las críticas más repetidas contra la iniciativa presidencial, una primera lectura detallada hecha por este diario identificó los nueve cambios sustanciales señalados y que forman parte del cuerpo de los artículos 22, 25, 30, 33 (fracciones III y VI), 34, 41, 68. Así como en los artículos Transitorios XVII y XXI.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
El documento que muestra los cambios a la ley.
El partido Morena cuenta con los legisladores suficientes en la Cámara de Diputados y en las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación como para aprobar cualquier dictamen o iniciativa de Ley que ellos decidan como grupo. Sin embargo, existen costos políticos altos que podría pagar esa fracción legislativa a corto, mediano y largo plazo, en caso de imponer su mayoría por la fuerza y no escuchar a sus pares de otros partidos; el primero de esos costos es aprobar una Ley que quede suspendida por un fallo judicial. Ese fue el escenario que ayer emergió por primera vez desde el PAN.
El diputado Carlos Madrazo Limón, de la fracción de Acción Nacional, anunció en su cuenta de Twitter su intención de impulsar una acción de inconstitucionalidad en contra de la futura Ley General de Ciencia si sus colegisladores de Morena imponen un albazo o madruguete y una mayoría que no negocia.
“Ante el intento de los diputados morenistas y @ElenaBuylla de aprobar su ley, anuncio, que en cuanto se concluya el proceso legislativo y sea publicada, buscaré que mi Partido @AccionNacional y otros legisladores presentemos la acción de inconstitucionalidad correspondiente”.
La idea de promover una acción de inconstitucionalidad no es hueca, pues en los foros de Parlamento Abierto, realizados el 29 de marzo y 11 de abril, se demostró que los artículos 33, 39 y 41 de la iniciativa presidencial de Ley son abiertamente discriminatorios hacia los investigadores y estudiantes de universidades e institutos privados, a quienes se les niegan apoyos públicos, a pesar de que se les exige demostrar los mismos requisitos para reconocimientos y acreditaciones académicas. Además de esos artículos hay otros que podrían entrar en conflicto con la Constitución y que han tratado de arreglar los legisladores de Morena, como aquellos que podrían afectar derechos de trabajadores de los Centros Públicos de Investigación.
Antes de las 8 de la mañana de ayer, en redes sociales comenzó a difundirse información sobre una reunión que habría sido realizada, hasta altas horas de la noche del jueves, entre representantes del Partido Morena y de otros grupos legislativos, en la que la opinión del partido mayoritario habría sido expresada en el sentido de aprobar lo antes posible la iniciativa de Ley General de Ciencia y modificar lo menos posible el texto de iniciativa enviado por el Presidente de la República, surgido del mismo Partido Morena.
Oficialmente, las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia no emitieron ningún comunicado sobre la reunión del jueves por la noche y este diario sólo pudo confirmar que se trató de trabajo técnico para modificar el dictamen, el cual se realizó a nivel de asesores de las distintas fracciones, pero que no contó con la participación directa de los diputados.
Extraoficialmente, lo que calculan quienes están a favor y quienes están en contra de que la Ley se apruebe rápidamente es que la próxima semana será convocada una reunión de todos los diputados de las Comisiones Unidas, para el día martes, y que ahí se podría presentar la propuesta de dictamen a la que tuvo acceso Crónica. Si ese dictamen avanza con el respaldo de la mayoría de Morena podría ser presentado el jueves en la sesión plenaria a la que estarían convocados los 500 diputados de todos los partidos, donde el dictamen podría ser aprobado nuevamente con el voto mayoritarios de Morena.
Parlamento Abierto quedaría mutilado
En caso de que la iniciativa de Ley General de Ciencia se apruebe la próxima semana, con el voto mayoritario del Partido Morena, se habría roto el compromiso público los legisladores de llevar a cabo siete foros de Parlamento Abierto, para escuchar las opiniones y sugerencias, sobre la Ley, de científicos, representantes de empresas de base tecnológica, autoridades estatales y universitarias. Sólo se habrían realizado dos de los siete foros prometidos.
El lunes 18 de abril un grupo de mil 47 científicos, médicos, líderes sindicales y profesores, de más de 70 instituciones emitieron una carta pública, dirigida a todas las ciudadanas y ciudadanos que aspiran a ganar la Presidencia de México en 2024 para pedir que evitaran la cancelación de los cinco foros del Parlamento Abierto. Dicha carta habría sido inútil si se mutila el Parlamento Abierto con la aprobación de la Ley, la próxima semana.