De concretarse la ley de ciencia de Conacyt, “lo que ha ocurrido en el CIDE será la norma para todos los CPI”
“Desde comunidad académica del CIDE hemos alzado la voz por la anulación de los órganos colegiados”, señala Guillermo Cejudo en mesa de análisis
política científica
El académico se refiere a la imposición ilegal de su director, entre otras irregularidades.
“Queremos ser escuchados”. Fueron las palabras con las que Guillermo Cejudo concluyó su participación y se cerraron las mesas de diálogo sobre la Iniciativa de Ley General de Ciencia, convocadas por académicos y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Confío que, como se ha externado desde la Comisión de la Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, la discusión de la ley se concretará en un parlamento abierto, que nos escuchará de forma franca y abierta, sin hostigamiento, para caminar hacia la elaboración de una buena ley y una política científica”.
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El académico de la División de Administración Pública de la institución fue el encargado de exponer las conclusiones del encuentro Mesas de diálogo sobre la Iniciativa de Ley General de Ciencia, Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, encuentro organizado por la Asamblea Permanente y Sindicato de Personal Académico del CIDE, que reunió a académicos de diferentes universidades y de Centros Públicos de Investigación (CPI).
Las tres mesas arrojaron, entre otras conclusiones, las siguientes planteadas por el académico:
1. La argumentación de la ley debe estar fundada en el estándar constitucional de la Ley vigente desde 2009. “Bajo una discusión sin polarización ni ideologías, tampoco de retórica llena de frases sin contenido o en las preferencias de un grupo político o una funcionaria, sino lo que la Constitución ha definido como el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia”.
2. Distribuir competencias entre los ámbitos de gobierno: reglas claras para asignación de recursos; un Conacyt fuerte con atribuciones para dirigir la política nacional, con capacidades y garantías de libertad de cátedra e investigación. Recursos públicos suficientes, con ejercicios claros y libres de discrecionalidad.
3. Federalismo: Los estados con sus prioridades y comunidades entienden mejor las necesidades locales y las diversas formas en que la divulgación y generación de conocimiento es pertinente en éstas. “Es ingenuo e incorrecto pensar que una sola voz dictando prioridades de la ciencia, no terminará por invisibilizar la diversidad pluralidad y heterogeneidad del país”.
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4. Como en cualquier sistema nacional, apuntó, la autoridad, las responsabilidades y los recursos competen a diversas autoridades, por eso deben quedar representadas en los espacios de decisión. “Decir que el Estado tiene la responsabilidad de la rectoría no puede usarse para usar un modelo de gobernanza centralizado, debe incluir las voces de gobiernos estatales, de los sectores público y privado”.
5. La libertad académica es un requisito para poder hacer realidad los beneficios de la ciencia: Los “Principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria” expresan claramente esta dualidad. El académico refirió que la iniciativa de ley del Ejecutivo presentada por Conacyt respecto a los Centros Públicos de Investigación anula ese principio, puesto que elimina su autonomía administrativa, operativa y presupuestal, en tanto que sólo reconoce su autonomía técnica. Anula su autonomía y autogobierno en materia académica, busca imponer reglas centralizadas homogéneas para el acceso, la evaluación y la promoción del personal científico.
“Desde comunidad académica del CIDE hemos alzado la voz por la anulación de los órganos colegiados, para volverlos sólo órganos consultivos, por la pérdida de representación de las comunidades académicas y la verticalidad y discrecionalidad en toma de decisiones. Si se concreta esta iniciativa, lo que ha ocurrido en el CIDE será la norma para todos los CPI”. El académico se refiere a la imposición ilegal de su director, entre otras irregularidades.
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6. Como en cualquier otro derecho no puede haber discriminación desde el propio Estado. “Se pretende excluir la posibilidad de hacer investigación con el respaldo y financiamiento del Estado en las instituciones privadas; además se mantiene la vulnerabilidad del programa Investigadores por México (antes Cátedras Conacyt) o que se deje sin oportunidad de beca a personas que no se dedican a una agenda definida por el gobierno en turno”.
Política científica en una democracia
Sobre el proceso de elaboración de la ley general de ciencia, Cejudo refirió que el final del proceso de la iniciativa no es la ley misma, sino la construcción de una política nacional de ciencia, humanidades, tecnología e innovación. “La política científica en una democracia consiste en generar condiciones para instituciones y académicos con libertad en sus labores, no un modelo y aparato de control jerárquico centralizado”.
“La condición necesita objetivos y líneas de acción, pero no puede ser un vehículo para inhibir la creatividad de las comunidades académicas y sólo sea escuchada la voz del gobierno en turno, sin la participación de la comunidad académica”.
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El académico enfatizó que se necesita una ley que no vulnere la libertad académica ni amenace la operación, “ya no digamos existencia”, de comunidades académicas incluidos los Centros Públicos de Investigación. “La conducción de la política de CTI en una democracia no puede anclarse en una lógica de control jerárquico y obediencia burocrática, sino en la creación de condiciones para que las ciencias, humanidades e innovación se desplieguen con libertad, con recursos suficientes y sujeto a criterios científicos”.
Discusión de la ley de ciencia
