En el IFE se impuso la razón. El Consejo General del Instituto echó abajo el acuerdo que había tomado la Junta General Ejecutiva, en el sentido que el PAN debía retirar los spots contra López Obrador.
Oportunamente, los consejeros sacaron al Instituto de un terreno sumamente peligroso y escabroso en el que se había metido, como lo es el censurar los contenidos de los mensajes en los medios electrónicos de comunicación.
Nadie, ni siquiera los diputados y senadores que recientemente reformaron la Ley Federal de Radio y Televisión, se ha aventurado a pretender censurar los contenidos de los programas o mensajes y el IFE, con la decisión de ayer, evitó convertirse en el primero.
Y el PAN, ya con la victoria en la bolsa, decidió retirar los spots, aunque no esté obligado a ello. Acción Nacional demostró así que su intención no era aferrarse a transmitir los spots, sino que quedara claro que el IFE no puede convertirse en un órgano de censura de la libertad de expresión.
Dio pues al PRD cachetada con guante blanco.
El PRI, zarandeado por el TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio dos nuevas sacudidas al PRI. Ayer nulificó la candidatura de José Antonio Aguilar Bodegas a la gubernatura de Chiapas y ordenó a la Alianza por México postular a Fernando Ortiz Arana como candidato al Senado por la primera fórmula de mayoría relativa en el estado de Querétaro.
En los pasillos del PRI se comentó que lo que le quitó el viernes el TEPJF al PRI, es posible que se lo devuelva este sábado el Partido Verde, porque se espera que Jorge Emilio González Martínez haga una declaración en la que aclare que su candidato para la Alianza es Antonio Aguilar Bodegas.
Y ahí acabará la bronca... claro, si Roberto Albores y Sami David lo permiten.
Y... la historia se repitió
Hace cuatro semanas se dijo en este espacio que la historia se repetiría. Y se repitió.
El Senado aprobó el pasado jueves las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución y a la Ley Minera que permiten la explotación por parte de particulares, del gas grisú, que se encuentra en las minas de carbón.
El PRD impugnó duramente el dictamen, con el argumento de que la explotación del gas está reservada para el Estado por la Constitución.
El dictamen dice que el gas grisú no es un hidrocarburo, por lo que no se puede considerar un derivado del petróleo. En consecuencia, es susceptible de ser explotado por particulares.
El PRD votó en contra de estas reformas que los diputados de este mismo partido aprobaron en diciembre pasado. Y sí, la historia se repitió.
Ahora ya sólo falta que salga Pablo Gómez a decir que tampoco le entendió a este dictamen, tal como ocurrió con el de las reformas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.
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