El derecho internacional considera que el acceso al aborto es un derecho humano vinculado con la autonomía personal, la salud y la no discriminación. Su despenalización y no criminalización no significa promover el aborto, por el contrario, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch), su disponibilidad es la mejor forma de proteger la autonomía y reducir la mortalidad y morbilidad maternas.
Cuando el derecho al aborto voluntario, libre y seguro está restringido, se pone en peligro la vida de la mujer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la prohibición o restricción severa del aborto vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad física y la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos han establecido que la criminalización del aborto no evita su práctica, por el contrario, incrementa los abortos clandestinos e inseguros, elevando la morbilidad y la mortalidad materna evitable. La OMS estima que cada año mueren cerca de 39 mil mujeres debido a complicaciones por la práctica de abortos inseguros.
En México 25 entidades federativas ya han legalizado el aborto y las 7 que faltan (Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas) todavía contemplan pena de cárcel por aborto voluntario, y el procedimiento sólo está permitido bajo circunstancias muy limitadas (como violación, riesgo para la salud o vida de la persona gestante y malformaciones graves).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, a partir del caso Coahuila en 2021, inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el país, por lo que las mujeres y personas gestantes de estas entidades pueden acceder al amparo judicial o recibir servicios a través de instituciones federales de salud, aunque el Congreso local no haya modificado la ley estatal.
Además, en 2025 se estableció jurisprudencia según la cual las autoridades administrativas locales de salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios necesarios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Posteriormente, en abril de 2026, la SCJN estableció que el juicio de amparo puede utilizarse para ordenar a las autoridades sanitarias que implementen los servicios de aborto voluntario cuando el aborto ya está despenalizado en la entidad correspondiente.
Es así que resulta relevante considerar la generación de políticas públicas en torno al derecho reproductivo de las mujeres. La despenalización del aborto es sólo una medida aplicable para evitar la maternidad no deseada en el caso de niñas y mujeres, pero debe estar acompañada de educación sexual oportuna, de información sobre métodos de anticoncepción y acceso al sistema de salud de calidad.
La despenalización del aborto no disminuirá por sí misma el número de abortos, pero sí lo hará con los procedimientos clandestinos que acechan la vida de miles de mujeres en nuestro país y en el mundo. Cuando una mujer toma la difícil decisión de interrumpir el embarazo, merece toda la atención y empatía que el sistema y la sociedad le puedan brindar.