Senadores de la República cuestionaron la calidad ética del auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, quién, de acuerdo a una solicitud de
transparencia, no cuenta con el título académico de doctor, cómo se ostenta en su currículum.
El senador del PAN Mario Vázquez exigió la renuncia de este funcionario al considerar que el mentir impacta en todas la acciones que se ejercen sobre todo en la función pública que tiene la obligación de la revisión y vigilancia de cuentas.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado .¿qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que se autoadjudica un título académico que no le corresponde”, cuestionó el legislador panista.
La mentira –agregó--no puede ser el sello del servicio público. “El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México”, recalcó
Mario Vázquez señaló que se trata de una falta grave que amerita el cese fulminante o la renuncia de este funcionario.
“Es una actitud también de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan. Que renuncien por dignidad sí es que les queda algo de dignidad y dejen que gente que esté preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”, recalcó.
“Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan o cuando señalan. Ya lo hemos observado, mienten cuando hacen su currículum vitae para obtener el cargo que ostentan. Le mienten a la gente pensando una parte de la gente que por su capacidad y su trayectoria académica tienen méritos para estar en la posición que ellos ostentan. Eso es muy lastimoso”, sostuvo.
Por su parte, el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona propuso, la verificación obligatoria y pública de título y cédula en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento para evitar este tipo de casos.
Indicó que se deben aplicar sanciones administrativas y penales claras por ostentación indebida o uso de documentos falsos con inhabilitación para cargos; y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin la constancia pública de cédula y sin comprobación documental, y si hay rectificaciones que quede en actas de aclaración y se transparenten fechas para evitar dudas.
“A la ciudadanía le invito a que exijamos evidencia verificable. El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque si no, y de otra manera, cómo pueden confiar en nosotros. Tienen el derecho a saber quiénes estamos tomando decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud. No es un tema partidista, se trata de la integridad institucional”, puntualizó.