La capital michoacana vivió una jornada de tensión este lunes luego de que cientos de personas marcharon para exigir justicia por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el fin de semana. La movilización, convocada por familiares, funcionarios y ciudadanos indignados, partió desde la Plaza Morelos y avanzó por la avenida Madero hasta llegar al Palacio de Gobierno estatal.
Durante el recorrido, los participantes corearon consignas como “¡Justicia para Manzo!” y “¡Basta de violencia en Michoacán!”, responsabilizando a las autoridades de no garantizar la seguridad en la región. La manifestación, que transcurrió de manera pacífica en sus primeros momentos, derivó en enfrentamientos cuando un grupo minoritario ingresó por la fuerza al Palacio de Gobierno, rompiendo cristales, pintando muros y lanzando objetos a la vía pública.
Autoridades prometen justicia y refuerzo de la seguridad tras disturbios
Ante los disturbios, elementos de la policía estatal y del grupo antimotines intervinieron para dispersar a los inconformes. El operativo incluyó el uso de gas lacrimógeno y proyectiles de goma. De acuerdo con reportes preliminares, al menos cuatro personas fueron detenidas y el inmueble gubernamental sufrió daños considerables en su fachada y áreas interiores.
El gobierno de Michoacán lamentó los hechos y aseguró que ya fueron identificados algunos de los responsables de los actos vandálicos. A través de un comunicado, las autoridades informaron que se reforzó la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad para prevenir nuevos altercados. También reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del homicidio del alcalde Manzo, cuyo asesinato ha generado conmoción política y social en todo el estado.
La protesta de este lunes refleja el creciente hartazgo ciudadano ante la violencia e impunidad que azotan a Michoacán. Colectivos sociales y líderes locales advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta que se garantice justicia y se tomen medidas efectivas para frenar la ola de crímenes que afecta tanto a funcionarios como a la población civil.