El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que durante más de una década, administraciones pasadas institucionalizaron la corrupción y el saqueo, dejando al estado comprometido con pagos millonarios que, dijo, debieron destinarse a rubros básicos como el campo, la educación, la seguridad o la infraestructura carretera.
Al señalar directamente a los esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), el mandatario afirmó que Puebla fue convertida en un experimento para sistematizar el desvío de recursos públicos. “Da vergüenza que lleguen a cargos públicos para hacer un saqueo brutal”, expresó al referirse a ese periodo.
Armenta aclaró que su gobierno no persigue personas ni actúa con omisiones o complicidades, pero sí ha optado por una ruta jurídica para resolver problemas arrastrados desde hace décadas.
Como ejemplo, mencionó el caso del Museo Internacional del Barroco, que fue resuelto por su administración con un pago de 2 mil millones de pesos, lo que permitió un ahorro histórico de 8 mil millones para el estado.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que desde el inicio de la actual administración y por instrucción directa del gobernador, se emprendieron acciones para frenar el saqueo heredado, detalló que se trabaja en la terminación anticipada de varios contratos, entre ellos el del Centro Integral de Servicios (CIS), que vence hasta 2037 y por el cual ya se han pagado más de 2 mil millones de pesos; solo este año, dijo, se deben cubrir 259 millones más.
García Parra añadió que en el caso de Agua de Puebla, cancelar el contrato de forma anticipada implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos, lo que complica su resolución inmediata.
Además, informó que al llegar al gobierno encontraron 89 litigios activos relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas, el monto total de las demandas supera los 5 mil 500 millones de pesos y de estos casos, 29 ya cuentan con sentencia firme, por un monto mayor a los mil 500 millones.
Finalmente, el coordinador de Gabinete subrayó que no se permitirá que servidores públicos o empresas sigan beneficiándose del gobierno mientras existen tantas carencias en la población. Aseguró que la administración actual busca dejar atrás la deuda oculta y el saqueo para avanzar hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla.