En un conflicto que remonta al año 2015, la comunidad agraria de Témoris, ubicada en el municipio de Guazapares, Chihuahua, mantiene una lucha contra la empresa canadiense TC Energy, que opera en México como Infraestructura Energética Monarca, debido a que la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo se realizó atravesando sus tierras sin realizar previamente un convenio legitimo ni una consulta comunitaria.
En 2018, un Tribunal Unitario Agrario anuló los contratos y ordenó la celebración de nuevos convenios justos y el pago de indemnizaciones a los comuneros, pero TC Energy no ha acatado esa sentencia ni retirado sus instalaciones, lo que originó tensiones y acciones de protesta.
Los habitantes de la comunidad exigen las compensaciones justas y el cumplimiento legal, señalando que el transporte de gas natural a través de sus tierras viola leyes agrarias y ambientales, incluso, han considerado el desmantelamiento del ducto si no se respeta su derecho a la tierra.
El conflicto ha generado atención federal: autoridades han señalado la necesidad de diálogo y consulta con la comunidad indígena, subrayando que no se debe imponer infraestructura sobre pueblos sin su consentimiento.
A pesar de una sentencia judicial que ordena el retiro del ducto y el pago de compensaciones, reportado incluso de hasta 200 millones de pesos, TC Energy insiste en mantener las operaciones y ha ofrecido montos muy inferiores a lo demandado por los comuneros, prolongando la disputa y la incertidumbre sobre el cumplimiento de la ley en la región.