Ante el escenario de crisis de agua que atraviesa San Luis Potosí, el Consejo Hídrico Estatal informó que la discusión sobre el agua debe extenderse más allá de la disponibilidad del recurso y enfocarse también en la manera en que se reparte, quién define su aprovechamiento y qué sectores permanecen excluidos de su acceso.
Mediante un posicionamiento, el organismo subrayó la necesidad de integrar el enfoque de “justicia hídrica” en la gobernanza del agua, al considerar que dicho recurso no debe concebirse como una mercancía, sino como un derecho humano y un bien colectivo que debe garantizarse de forma equitativa, democrática y sustentable.
El Consejo indicó que las brechas en el acceso al agua no derivan únicamente de condiciones naturales, también de decisiones políticas, económicas y territoriales que históricamente han beneficiado a ciertos sectores, entre ellos el industrial, inmobiliario y algunas zonas urbanas consolidadas. Mientras tanto, comunidades rurales, periurbanas y pueblos originarios continúan enfrentando problemas de escasez, baja calidad o suministro irregular.
De acuerdo con el órgano ciudadano, este panorama ha provocado conflictos y procesos de concentración del recurso en grupos con mayor poder económico y político, situación identificada como acumulación y despojo hídrico.
En ese contexto, el Consejo Hídrico Estatal sostuvo que una transformación de fondo en la administración del agua requiere modificar las reglas bajo las cuales se toman decisiones sobre concesiones, distribución y proyectos hidráulicos, y no limitarse únicamente a ampliar infraestructura o buscar nuevas fuentes de abastecimiento.
Asimismo, el organismo destacó la importancia de garantizar una distribución más equitativa del agua, priorizando el consumo humano y la preservación de los ecosistemas. También planteó impulsar mecanismos efectivos de participación ciudadana, reconocer los sistemas comunitarios de gestión del recurso y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las decisiones públicas relacionadas con el tema.
Por ello, el Consejo enfatizó que la protección de acuíferos, zonas de recarga y biodiversidad resulta fundamental para asegurar la disponibilidad futura del agua en la entidad.
Finalmente, el organismo reiteró que impulsar la justicia hídrica implica replantear el modelo de desarrollo, la planeación urbana y la gestión institucional del agua, con el propósito de construir un sistema más incluyente y sostenible, donde el acceso al recurso deje de ser un privilegio y se garantice como un derecho para toda la población.
La Crónica de Hoy 2026