El exalcalde municipal de Ahome, Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros apuntó haber pasado por una persecución política, convirtiéndose en objeto de amenazas directas procedentes del gobernador con licencia del estado, Rubén Rocha Moya. Además calificó a su despido del cargo que tuvo lugar hace poco más de un año como un acto “totalmente ilegal”.
De acuerdo a lo que Vargas Landeros explicó, cuando tuvo la iniciativa de registrarse para el Senado de la República de hace dos años, Rubén Rocha lo llamó directamente a su despacho y le dijo que si llevaba a cabo el registro, lo iba a meter en problemas con un expediente que tiene al que le va a dar continuidad.
A continuación, como parte de una investigación de la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso del Estado de Sinaloa lo destituyó.
Entre las acusaciones en su contra se encuentran supuestos delitos de abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública, que derivan de la adjudicación directa que tuvo lugar en el 2021 para el arrendamiento de 126 patrullas. Se trata de un contrato que presuntamente generó sobrecostos de alrededor de 171 millones de pesos.
Ante esto, Vargas Landeros defendió la legalidad de la operación con el argumento de la urgencia de la seguridad, “Imagínate, comprar patrullas aquí en Sinaloa es como comprar agua en el desierto”.
La semana pasada, el 13 de mayo de 2026, el equipo de abogados del exalcalde, acudió a Congreso del Estado de Sinaloa con el objetivo de p solicitar que se deje sin efecto su desafuero y que también sea reinstalado como presidente municipal del municipio de Ahome. Alegan que una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la Auditoría Superior del Estado no cuenta con el poder para auditar recursos federales. Esto quiere decir que el proceso en contra de Vargas Landeros se invalidaría.
Con información de Debate Sinaloa