La llamada “Ley Serrano” volvió a colocarse en el centro de la discusión pública luego de que diversos sectores cuestionaran su posible impacto en la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en San Luis Potosí. La reforma, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, fue aprobada para sancionar el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, pero ha generado preocupación entre periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
La legislación incorporó nuevas disposiciones al Código Penal estatal para castigar la creación o difusión de contenidos elaborados mediante inteligencia artificial cuando impliquen la alteración de la identidad de una persona o la difusión de información considerada falsa. Las sanciones contemplan multas y penas de prisión en determinados casos.
El debate tomó fuerza después de que dos periodistas fueran procesadas bajo esta normativa tras la difusión de una imagen presuntamente creada con inteligencia artificial. El caso provocó reacciones de organizaciones nacionales e internacionales que consideran que la ley podría utilizarse para limitar la crítica y la actividad periodística.
Diversos colectivos de periodistas han solicitado al Congreso local revisar e incluso derogar algunos artículos de la reforma al considerar que su redacción es ambigua y puede dar lugar a interpretaciones que afecten la libertad de expresión. Entre las principales preocupaciones se encuentra la posibilidad de que comunicadores, activistas o ciudadanos enfrenten procesos judiciales por contenidos cuya interpretación quede en manos de las autoridades.
La organización Artículo 19 y otros organismos defensores de derechos humanos han señalado que la llamada Ley Serrano podría generar un efecto inhibidor en el trabajo de periodistas y medios de comunicación. Asimismo, han advertido que las disposiciones actuales podrían ser utilizadas para promover investigaciones penales relacionadas con publicaciones de interés público.
Por su parte, los legisladores que respaldan la reforma han rechazado que se trate de una ley de censura. Argumentan que el objetivo principal es proteger a las personas frente al uso malintencionado de tecnologías de inteligencia artificial, especialmente en casos de suplantación de identidad, manipulación digital y difusión de contenidos falsos que puedan causar daños a terceros.
La controversia también ha alcanzado el ámbito nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, al considerar que algunos de sus conceptos podrían afectar derechos fundamentales y permitir interpretaciones excesivas por parte de las autoridades.
Mientras tanto, periodistas y organizaciones civiles continúan impulsando iniciativas para modificar la legislación y establecer criterios más claros sobre el uso de la inteligencia artificial. El tema ha colocado a San Luis Potosí en el centro de una discusión nacional sobre cómo regular las nuevas tecnologías sin vulnerar derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.
La discusión permanece abierta en el Congreso estatal y se espera que en las próximas semanas continúen los análisis y posicionamientos sobre una legislación que ha generado opiniones divididas entre autoridades, especialistas, comunicadores y organismos defensores de derechos humanos. Lo que está en juego, coinciden distintos sectores, es encontrar un equilibrio entre la regulación de la inteligencia artificial y la protección de las libertades fundamentales.