Organizaciones civiles, colectivos ambientales y comunidades costeras cuestionaron el nombramiento de Alfredo Arellano Guillermo como director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pese a las denuncias pendientes relacionadas con el manejo de recursos destinados al combate del sargazo durante el gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana Roo.
Entre los grupos que durante su gestión manifestaron inconformidades o preocupación se encuentran la asociación civil Más Selva A.C., las cooperativas turísticas de Akumal, habitantes y defensores ambientales de la comunidad de Chemuyil, además de hoteleros, prestadores de servicios y agrupaciones sociales de Tulum. Más Selva A.C. participó en reuniones donde se cuestionó el manejo y destino final del recurso para el sargazo, mientras que cooperativistas de Akumal reclamaron haber sido excluidos de los programas de atención a la emergencia.
Las organizaciones ambientales advirtieron que la crisis del sargazo ya tiene consecuencias sociales y económicas graves en el Caribe mexicano.
La contaminación de las playas, la afectación a la actividad turística y las cancelaciones de reservaciones han reducido los ingresos de hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y trabajadores que dependen directamente de la llegada de visitantes.
La situación ha dejado a familias sin empleo o con ingresos insuficientes, mientras permanece la exigencia de conocer el destino de los recursos públicos utilizados durante la emergencia.
Los colectivos señalaron que el dinero debía servir para proteger las playas, sostener el turismo y conservar las fuentes de trabajo, pero los problemas ambientales continúan y las denuncias siguen pendientes.
Además, organizaciones civiles, comunidades costeras y sectores productivos expusieron durante la Feria Internacional de Turismo sus críticas contra la gestión de la Zona Federal Marítimo Terrestre, al señalar rezagos superiores al 40 por ciento en trámites y permisos, así como posibles actos de opacidad y permisividad frente a ocupaciones irregulares en las costas.
Ante este panorama, Más Selva A.C., las cooperativas de Akumal, habitantes de Chemuyil y otros colectivos ecologistas y costeros mantienen la exigencia de transparentar el manejo de los recursos destinados al sargazo, y resolver las denuncias relacionadas con la actuación de Alfredo Arellano Guillermo.
Los denunciantes señalaron que Arellano Guillermo, quien fue titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, fue incorporado a la administración federal encabezada en materia ambiental por Alicia Bárcena, aun cuando continúan sin resolverse los cuestionamientos sobre el uso de cientos de millones de pesos para atender la llegada masiva del alga a las costas del estado.
De acuerdo con la información recopilada, durante 2018 Quintana Roo ejerció 312 millones de pesos para retirar el sargazo, mientras que otros proyectos contemplaron inversiones cercanas a 200 millones de pesos para instalar barreras marinas que registraron retrasos, fallas y resultados insuficientes frente al volumen del recale.
Las organizaciones civiles también retomaron la denuncia promovida por el empresario Roberto Palazuelos, quien acusó un posible desvío de 240 millones de pesos mediante la simulación del arrendamiento de embarcaciones y equipos para combatir el sargazo. Según el señalamiento, se habrían facturado lanchas inadecuadas y maquinaria que nunca llegó a las costas, mientras que el gasto real habría sido considerablemente menor.
Colectivos como los integrados por habitantes de Chemuyil y cooperativistas de Akumal también expresaron quejas por la actuación de la entonces Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Los primeros señalaron irregularidades en la administración del Santuario de la Tortuga Marina, mientras que las cooperativas reclamaron que Akumal no fuera incluido en los programas para enfrentar la emergencia del sargazo.
Las organizaciones sostienen que los recursos destinados a enfrentar la emergencia ambiental no ofrecieron los resultados prometidos y que la estrategia terminó convertida en un mecanismo de opacidad y posible aprovechamiento del dinero público.
Por estos hechos, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo abrió carpetas de investigación para revisar fondos de contingencia, aportaciones federales y posibles responsabilidades administrativas.
Años después, Arellano Guillermo fue designado responsable de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, área encargada de la delimitación, administración y ordenamiento de playas, zonas costeras y terrenos ganados al mar en todo el país.
Para los denunciantes, el nombramiento representa un premio político, pese a que las acusaciones relacionadas con su gestión en Quintana Roo no han sido aclaradas.