
Después de pasar 18 años y siete meses en prisión, Julio Orellana Luévanos espera una nueva resolución judicial en un caso que podría convertirse en una prueba importante para el Poder Judicial surgido de la reforma: demostrar si la nueva integración de los juzgados es capaz de corregir posibles irregularidades que durante años mantuvieron a una persona privada de la libertad.
La responsabilidad de resolver el expediente está ahora en manos del juez Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien llegó al cargo mediante el voto popular en la elección judicial de 2025.
Sobre él están puestos los ojos, pues deberá determinar si existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de Orellana o si corresponde reconocer las inconsistencias que ha señalado su defensa.
El caso es representado por la abogada Lilia Vargas Villavicencio, del despacho LV Legal, quien ha llevado la defensa y sostiene que no existen pruebas válidas que demuestren la participación de su cliente en el secuestro ocurrido en julio de 2003, por el que actualmente permanece preso.
Orellana fue detenido el 16 de abril de 2008, aunque inicialmente se le relacionó con otro caso de secuestro, del cual posteriormente obtuvo su libertad. Sin embargo, mientras permanecía detenido, las autoridades lo vincularon con un segundo expediente, correspondiente a un plagio ocurrido cinco años antes en Valle de Chalco, Estado de México.
Durante casi 16 años no recibió una sentencia. Fue hasta febrero de 2024 cuando se le impuso una condena de 20 años de prisión. No obstante, en abril de 2025 un tribunal de apelación revocó esa resolución y ordenó reponer el procedimiento, por lo que el asunto regresó a primera instancia.
Entre los principales cuestionamientos que ha planteado la defensa se encuentra la identificación de Orellana. La descripción física proporcionada por la víctima en 2003 señalaba que uno de los presuntos secuestradores no tenía bigote; sin embargo, la fotografía utilizada para relacionarlo con los hechos muestra que sí lo tenía, además de un lunar visible en el rostro que tampoco aparece en la descripción.
A ello se suma que dos elementos utilizados durante el proceso fueron invalidados por la justicia federal: un reconocimiento fotográfico realizado sin la presencia de un abogado defensor y una declaración ministerial que quedó excluida ante los posibles actos de tortura denunciados por el detenido.
De hecho, un dictamen médico de la entonces Procuraduría General de la República, elaborado el 17 de abril de 2008, documentó 19 lesiones en su cuerpo, así como afectaciones en uno de sus ojos y ambos oídos.
Otro de los aspectos que aparecen en la revisión del expediente es la participación de Iván Reyes Arzate, exmando de la Policía Federal condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el soborno. Su firma aparece entre los agentes que participaron en la puesta a disposición de Orellana.
El caso también ha sido expuesto en cuatro ocasiones ante la Presidencia de la República. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó los señalamientos en octubre de 2023; posteriormente, Rosa Icela Rodríguez recibió planteamientos sobre el asunto y, en agosto de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a retomarlo.
Ahora, con el expediente nuevamente en manos de un juzgador, la atención se concentra en Jorge Adrián Cruz Flores. Su resolución no solamente definirá la situación jurídica de Julio Orellana, sino que también colocará bajo observación la actuación de uno de los jueces que llegaron al cargo mediante el nuevo mecanismo de elección.
La pregunta es si el nuevo Poder Judicial será capaz de revisar un expediente marcado por cuestionamientos sobre las pruebas, los señalamientos de tortura y los años que una persona ha permanecido en prisión sin una resolución definitiva.
Por ahora, Julio Orellana continúa internado en el penal federal del Altiplano, mientras su defensa espera que el juez emita una nueva determinación.