Uno de los valores más estimados en la democracia es la diversidad. Diferentes culturas, experiencias de vida, mentalidades, religiones y orientaciones sexuales enriquecen y aportan a una vida en común desde diferentes ángulos. Esta visión cobró importancia desde la segunda mitad del siglo XX y se consolidó como estandarte de occidente. Al menos en el papel y por algunas décadas, nadie se atrevió a disputar el valor de la diversidad en voz alta.
Por supuesto, para los colectivos de lesbianas, gays, trans, bisexuales, no binaries y otras identidades relacionadas con la orientación sexual, nada se ganó sin lucha. El derecho a amar a una persona de tu mismo sexo o de vestir con ropa que de acuerdo con la cultura no te corresponde por tener una anatomía tal o cual, ha sido resultado de poner el cuerpo ante los políticos, la sociedad conservadora y las fuerzas del orden.
Aunque la parte más álgida se consideraba superada ante los logros de las últimas décadas, pues se han conseguido avances en el matrimonio igualitario -once países de América latina lo permiten- y la inclusión de personas de la colectividad LGBTQ+ en muchos ámbitos, actualmente se respira una atmósfera de preocupación ante la emergencia de discursos antiderechos y estigmatizantes que se pensaban extintos.
En los últimos años, y particularmente a partir del segundo mandato del presidente Trump en Estados Unidos, los discursos de odio en contra de la diversidad sexual se han incrementado en toda la región, impulsados principalmente por grupos ultraconservadores que recurren a teorías de la conspiración -como la ficcional “ideología de género”- que plantean la existencia de agendas transnacionales ocultas que tienen como fin destruir a la familia y a la sociedad.
Así se ha fomentado un clima mediático y social en el que se normaliza la violencia, han aumentado los delitos de odio y se comienzan a implementar políticas que pretenden retroceder en derechos. En la Argentina de Milei se ha registrado el vaciamiento de fondos de programas para la igualdad, se ha prohibido el uso del lenguaje incluyente y desde el gobierno se han emitido declaraciones abiertamente discriminatorias como la hecha por el ministro Cúneo, quien afirmó que: “El gobierno rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”.
En otros países de Latinoamérica pasan cosas similares. Bukele congeló todas las iniciativas legislativas para el avance de los derechos LGBTQ+, prohibió también el uso del lenguaje incluyente y la educación en diversidad o género, y en el Salvador se hostiliza a las organizaciones pro derechos y se hiper vigila a activistas. En Chile el entrante presidente Kast se abstuvo de adherirse a la declaración del grupo Núcleo LGBTIQ+ en la OEA; sus predecesores, en cambio, sí la firmaron, incluso el derechista Piñera lo hizo.
La comunidad trans es la más afectada, pues es el blanco más usual de las regresiones en materia de reconocimiento de identidad y otros programas específicos, y la que también sufre más violencia que no se registra. En México, un país con una taza altísima de feminicidios, no existe la contabilización de los transfeminicidios y la única manera de dar cuenta de ellos es a través de la prensa y las denuncias públicas de familiares y amistades. Incluso existe una corriente de feministas que explícitamente rechazan a las mujeres trans, apropiándose de los discursos ultraconservadores en un extraño giro biologicista.
Los anteriores son ejemplos de la tendencia que comienza a disparar las alarmas entre la comunidad LGBTQ+. Los derechos que se ganaron con tanta dificultad podrían perderse, los crímenes de odio intensificarse y la discriminación volverse aceptable. El panorama es aterrador, por lo que se hacen necesarias la politización y las alianzas entre colectivos LGBTQ+, las feministas y otros movimientos sociales que nos vemos amenazados por los discursos ultraconservadores y los retrocesos que pretenden arrebatarnos derechos.
*Por Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte y Mariana Espeleta Olivera, académicas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO