México ya cruzó el punto de no retorno: la reducción de la jornada dejó de ser promesa y se convirtió en mandato constitucional.
El decreto publicado el 3 de marzo de 2026 reformó el artículo 123 para establecer una jornada de 40 horas semanales y fijó una ruta de transición: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029; y 40 en 2030. También ordena adecuar la legislación secundaria en un plazo de 90 días y eleva el techo de horas extraordinarias a 12 por semana. La reducción, señala el transitorio, no puede implicar disminución de sueldos, salarios o prestaciones.
En paralelo, el salario mínimo volvió a subir: desde el 1 de enero de 2026 es de 315.04 pesos diarios en la zona general y 440.87 en la frontera norte. La aritmética es simple: si la semana se acorta y el salario no baja, la hora formal tiende a encarecerse. Eso puede ser una gran noticia si se traduce en mayor productividad por hora. O puede convertirse en un golpe si el país pretende sostener su competitividad sin resolver su déficit de habilidades. Una mano de obra calificada puede cumplir los objetivos en menos tiempo, a diferencia de una mano de obra no preparada.
El debate se ha polarizado, pero conviene mirar la letra pequeña y las reacciones. En el frente patronal, Coparmex ha respaldado una transición gradual y ha pedido que la reducción vaya acompañada de productividad e incentivos para no erosionar el empleo formal. En comercio y servicios, Concanaco y Canirac han insistido en establecer “mesas técnicas” para sectores intensivos en hora-persona. Del lado laboral, colectivos y sindicatos independientes han criticado que el paquete mantenga el principio constitucional de un día de descanso por cada seis trabajados y que abra la puerta a diluir la reducción mediante más horas extra.
La comparación internacional ayuda a aterrizar el tema. En Estados Unidos, el estándar práctico es pagar “overtime”: las horas que superan las 40 a la semana se pagan, por lo general, a tiempo y medio. España fija 40 horas semanales de promedio anual en su Estatuto de los Trabajadores y mantiene en debate político la reducción a 37.5 sin recorte salarial. México se mueve hacia el club de las 40 horas, pero lo hace desde una realidad distinta: trabajamos mucho, con baja productividad por hora y con un cuello de botella de técnicos.
Nuestro gran problema es la educación y la capacitación. La OCDE reporta que en México el 41% de los jóvenes de 25 a 34 años no alcanzó la educación media superior en 2024, la proporción más alta de toda la organización. Y PISA 2022 confirma un diagnóstico incómodo: el país se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, con muy pocos alumnos en niveles de alto desempeño. No se trata de un debate ideológico; es una restricción material: sin base educativa, la capacitación técnica se vuelve más lenta, más cara y menos masiva.
La consecuencia ya se observa en el mercado. Manpower estima que casi 7 de cada 10 empleadores en México tienen dificultades para cubrir vacantes: el país no solo compite con salarios, también compite con disponibilidad de perfiles. Y este cuello de botella se vuelve más delicado en una economía donde la informalidad sigue siendo masiva: encarecer el empleo formal sin elevar la productividad empuja a muchos hacia la salida fácil y destructiva.
Nuestro gobierno parece apostar por una población con menor nivel educativo de cara a las elecciones, mientras impulsa una reforma laboral bajo el supuesto de contar con una mano de obra altamente calificada y preparada para competir. Durante décadas, México compitió con una respuesta cómoda: el costo.
Hoy esa respuesta se agota. La ventaja real es otra: cercanía al mercado norteamericano, tiempos de entrega, integración regional y capacidad de reaccionar cuando la cadena global se rompe. Pero esa ventaja exige calidad, trazabilidad, cumplimiento, estándares y continuidad operativa. En una palabra: gente. No solo “ingenieros estrella”, que existen —muchas veces por esfuerzo familiar y personal—, sino una masa crítica de técnicos que sostienen turnos, calibran, mantienen, certifican, reparan, supervisan y optimizan. Esa es la fuerza que vuelve viable producir más en menos horas.
En turismo y servicios la tensión se verá primero. Allí la productividad no siempre se puede “comprar” con software: existen límites físicos —mesas, habitaciones, picos de demanda, noches y fines de semana— y la atención al cliente sigue siendo hora-persona. En ese universo, cuando sube el costo-hora, las salidas típicas son cuatro: subir precios, recortar horarios o servicios, contratar más personal o informalizar. México no puede modernizar la jornada empujando empleo hacia la clandestinidad.
En manufactura y maquila el problema es estratégico. Reducir horas obliga a rediseñar turnos, invertir en procesos y automatización, y elevar los estándares de supervisión y mantenimiento. Pero automatizar sin técnicos es como comprar un avión sin pilotos. Si el país encarece la hora y no garantiza talento, las nuevas inversiones pueden moverse hacia geografías más predecibles o llegar con otra lógica: menos intensivas en empleo, más robotizadas y con una demanda de técnicos que hoy ya son escasos. La paradoja es socialmente explosiva: más naves industriales, pero menos oportunidades para el trabajador no calificado.
La pregunta obligada es: ¿qué estamos haciendo para formar técnicos debidamente capacitados? Una reforma laboral de 40 horas es, en el fondo, una política de productividad. Y la productividad no se decreta: se construye. Si México quiere sostener una jornada más corta y un salario más alto sin sacrificar inversión y formalidad, necesita un Pacto por el Técnico con metas verificables: técnicos por clúster y región; certificaciones aceleradas por módulos; formación dual con incentivos; una agenda de productividad para mipymes de servicios; e inglés funcional y habilidades digitales como piso, no como lujo.
La reforma de 40 horas puede ser un salto para México o un impuesto oculto al empleo formal. La diferencia no está en el texto constitucional, sino en lo que el país haga para que una hora valga más con la gente adecuada. Sin técnicos capacitados y sin una política sólida de educación, México corre el riesgo de perder competitividad y, en consecuencia, alejar inversión nacional y extranjera.
*Por el Dr. Manuel Estévez Méndez