El 2 de junio, un comando armado entró por la fuerza a la casa de Roxana Guzmán, directora de un pequeño medio digital en Nanchital, Veracruz. Veinticuatro días después apareció su cuerpo; entre los detenidos hay cuatro policías municipales que, según la Fiscalía, daban apoyo logístico al grupo criminal responsable. Meses antes, en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta había acusado públicamente al periodista Rodolfo Ruiz de dirigir una “red de delincuencia cibernética”; ocho meses después, en diciembre, Ruiz fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero, en una causa que un juzgado federal terminaría por anular por irregularidades, aunque el proceso sigue abierto. En la Ciudad de México, el conductor Ciro Gómez Leyva sostuvo, ante Israel Vallarta —absuelto por unanimidad tras casi veinte años en prisión sin sentencia—, que seguiría llamándolo secuestrador porque, dijo, la verdad legal no es la verdad histórica. Y en dos redacciones distintas, dos periodistas tuvieron que retractarse en la misma semana: Leticia Robles de la Rosa, por atribuir sin sustento un parentesco al senador Gerardo Fernández Noroña, y El Universal, por republicar como revelación inédita una entrevista que el propio Edmundo Cázares le había hecho a Carlos Monsiváis en 1999, ahora con un párrafo sobre López Obrador que no existía en ninguna versión anterior y que el diario nunca pudo verificar.
Cuatro historias que no se parecen entre sí, y que ni siquiera comparten calendario. Y, sin embargo, vistas juntas, no describen cuatro accidentes sueltos: describen un oficio presionado desde cuatro direcciones distintas.
La primera presión es la más brutal y la más conocida: el crimen organizado le impone al periodismo su propia ley, y lo hace con frecuencia junto con autoridades locales, no a pesar de ellas. El caso de Roxana Guzmán no es aislado — Reporteros Sin Fronteras contabiliza doce periodistas asesinados en México en lo que va del actual gobierno, y solo uno de ellos tenía protección oficial al momento del crimen.
La segunda presión viene de un lugar menos visible pero igual de real: el poder político, que en vez de responder a una investigación incómoda opta por estigmatizarla o judicializarla. Artículo 19 documentó 65 casos de estigmatización de periodistas en 2025 —60% desde autoridades o partidos políticos— y 67 procesos judiciales abiertos contra la prensa, un promedio de uno nuevo cada seis días; el patrón que sufrió Rodolfo Ruiz —señalamiento desde la tribuna seguido de una causa penal— combina exactamente esos dos mecanismos.
La tercera presión es más sutil: la disputa por quién tiene la última palabra sobre los hechos. Cuando Gómez Leyva sostiene que su criterio periodístico puede pesar más que una sentencia judicial firme, no está siendo agredido ni está fallando en su oficio; está reclamando una autoridad que compite abiertamente con la de otro poder del Estado, con el argumento de que la verdad de un caso no se agota en su resolución legal.
La cuarta presión no viene de afuera: es el oficio fallando en su propia regla. Verificar una fuente antes de publicarla, confirmar la autoría de un texto antes de darlo por inédito — no son adornos del periodismo, son su condición de posibilidad. Cuando esa regla se rompe, como ocurrió con Robles de la Rosa y con El Universal, el daño no lo causa un enemigo externo: lo causa el propio gremio, y por eso duele distinto.
Es tentador resumir todo esto en una sola frase — “el periodismo mexicano está en crisis” — pero esa frase, aunque no sea falsa, aplana algo importante. No es la misma crisis la que enfrenta una periodista que graba su propio secuestro que la que enfrenta un diario que no verificó una fuente. Tratarlas igual es perder de vista que se necesitan remedios distintos: protección física y justicia efectiva para la primera; contrapesos institucionales frente a la estigmatización oficial para la segunda; claridad sobre los límites del oficio frente al poder judicial para la tercera; y, para la cuarta, algo que ningún gobierno ni ninguna ley puede resolver por los periodistas — disciplina propia.
Lo que sí comparten las cuatro es el resultado. El sociólogo francés Pierre Bourdieu llamaba autonomía de un campo — y en este caso sería el campo periodístico— a esa capacidad de producir sus propias reglas y su propia verdad sin depender de las de otro; en cualquiera de los cuatro frentes, lo que se debilita es justamente eso: la capacidad del periodismo de producir su propia versión de los hechos según sus propias reglas, sin que otro poder —el de las armas, el de la tribuna, el de los tribunales o el de la prisa del tiempo— decida por él. Con una confianza pública en los medios mexicanos de apenas 31%, según el más reciente informe del Instituto Reuters, el oficio no puede darse el lujo de perder ninguno de esos cuatro frentes por descuido.