Educar exige firmeza. Maltratar sólo exige poder. Entre ambas existe una diferencia que algunos establecimientos privados decidieron borrar, con consecuencias que hoy se cuentan en vidas perdidas.
Las muertes de Zamir Pinto, de 16 años; Erick, de 13, y Dafne Zapata, también de 13, obligan a mirar una realidad que durante años permaneció oculta bajo uniformes, marchas y discursos sobre orden y valores. Detrás de esa imagen surgieron denuncias de castigos extremos, agresiones físicas y psicológicas, negligencia y mecanismos de silencio. No son tres tragedias aisladas; son la evidencia de que, en algunos centros privados de formación militarizada, la educación fue sustituida por el sometimiento.
Hay instituciones que dicen formar carácter cuando en realidad buscan quebrar la voluntad. Confunden autoridad con intimidación, disciplina con castigo y obediencia con miedo. Ninguna palabra dignifica una golpiza. Ningún uniforme convierte una humillación en herramienta pedagógica.
El caso de Dafne Zapata estremeció al país. La adolescente acudió a un campamento de verano organizado por una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, y pocos días después perdió la vida. La Fiscalía investiga el caso como feminicidio y el director del establecimiento, junto con dos integrantes del personal, fue detenido.
La academia proyectaba una cercanía con las Fuerzas Armadas que la propia Secretaría de la Defensa Nacional negó. Esa simulación genera confianza entre las familias, cuando en realidad se trata de establecimientos privados que utilizan símbolos militares sin pertenecer al Ejército. La disciplina auténtica exige reglas claras, instructores preparados, supervisión y acompañamiento psicológico. El abuso sólo necesita una víctima indefensa y alguien dispuesto a ejercer poder sobre ella.
Muchas familias llegan a estos lugares desesperadas. Han agotado recursos y buscan ayuda de buena fe. Otras, en cambio, creen resolver el problema dejando a su hijo para que alguien más haga el trabajo que ellas no pudieron o no quisieron hacer. En ambos casos existe una obligación que nunca desaparece: proteger.
La responsabilidad parental no termina en la puerta de un internado. Quien entrega a un hijo a una institución debe investigar quién la dirige, qué preparación tiene su personal, cuáles son sus antecedentes y cómo responde ante una emergencia. Y, sobre todo, debe creerle cuando denuncia abusos.
Con demasiada frecuencia los golpes se justifican como parte de la disciplina y las quejas se interpretan como rebeldía. El silencio termina celebrándose como adaptación cuando quizá sólo refleja terror. También persiste una cultura que normaliza la violencia con frases como “a todos nos pegaron” o “es por su bien”. Ninguna convierte el abuso en educación.
La responsabilidad alcanza también a quienes administran estas academias. Quien cobra por cuidar menores responde por los instructores que contrata, por los métodos que permite y por las denuncias que decide ignorar. Ningún contrato ni ninguna responsiva pueden eximir a una institución de su deber de proteger la vida y la integridad de quienes tiene bajo su cuidado.
Y el Estado tampoco puede declararse ajeno.
Resulta inadmisible que establecimientos donde viven y entrenan menores continúen operando con normas obsoletas y supervisión insuficiente. Las autoridades suelen aparecer cuando el daño ya ocurrió. Investigan, anuncian reformas y prometen sanciones. Pero gobernar significa impedir que las tragedias sucedan.
Toda institución que aloje y discipline menores debería estar sujeta a inspecciones permanentes, personal certificado y canales independientes de denuncia. Los padres tendrían que saber quién supervisa esos centros, cuándo fueron inspeccionados por última vez y qué sanciones registran.
El problema, además, no termina en las academias militarizadas. La misma lógica puede aparecer en anexos, internados, escuelas deportivas, casas hogar o cualquier institución donde el poder absoluto sustituya a la educación.
Durante generaciones se nos hizo creer que el sufrimiento forjaba el carácter. Es falso. El miedo produce obediencia temporal; nunca convicción. La humillación doblega; jamás educa. La violencia sólo enseña que el más fuerte tiene derecho a imponerse sobre el más débil.
Los adolescentes necesitan límites, responsabilidades y consecuencias. Lo que no necesitan es aprender que la autoridad golpea, humilla y calla.
Nadie devolverá la vida a Zamir, Erick y Dafne. Pero sus muertes no pueden convertirse en una estadística más ni en un escándalo pasajero. Deben marcar el punto de quiebre para revisar, supervisar y sancionar a toda institución que confunda la formación con el sometimiento.
Porque la autoridad se gana, no se impone a golpes. La disciplina construye personas; la violencia las destruye. Y una sociedad que confunde ambas cosas termina formando generaciones acostumbradas a obedecer por miedo, cuando lo que debería enseñar es a vivir con responsabilidad, dignidad y libertad.
@salvadorcosio1