Desde el punto de vista de la teoría económica elemental y el diseño de políticas públicas, existe un consenso claro sobre cómo actuar frente a las crisis sectoriales: cuando la demanda de una industria estratégica muestra signos de contracción y el bien o servicio ofrecido presenta una alta elasticidad/precio, la decisión más errática que puede tomar un Estado es encarecerlo artificialmente.
Sin embargo, la reciente estrategia fiscal implementada hacia el turismo extranjero en nuestro país parece empeñada en desafiar no solo la lógica financiera más básica, sino la estructura de competitividad internacional que a México le tomó décadas construir.
Estamos atravesando uno de los años más complejos y desafiantes para la captación de turismo internacional. Factores exógenos, como la desaceleración económica global, la reconfiguración de las preferencias del consumidor pospandemia y la agresiva promoción de mercados emergentes, han generado una presión inusitada sobre nuestra balanza turística. Es precisamente en esta coyuntura de fragilidad cuando las modificaciones a la Ley Federal de Derechos han entrado en vigor, incrementando sustancialmente el cobro del Derecho de No Inmigrante (DNI) para visitantes extranjeros y elevando de forma preocupante las cuotas por el uso del espacio aéreo nacional.
Examinado bajo el rigor del análisis económico, este paquete de medidas adolece de una grave distorsión tanto de oportunidad como de diseño. En lugar de implementar estímulos contracíclicos que apuntalen la competitividad y mitiguen la caída en la afluencia de visitantes, como dicta la ortodoxia, el Estado mexicano ha optado por gravar al visitante en el punto más álgido de la desaceleración, añadiendo una carga tributaria a una demanda ya de por sí debilitada por presiones inflacionarias, inseguridad y altos costos operativos.
Hay un error fundamental que radica en no comprender la naturaleza del turismo global. El viajero internacional no es un mercado cautivo, sino un consumidor que se desenvuelve en un entorno de bienes sustitutos. Un turista canadiense, estadounidense o europeo que compara viajar a la Riviera Maya o a Puerto Vallarta, coteja de manera inmediata los costos añadidos de su boleto de avión y su paquete de viaje con destinos en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia o el Caribe anglosajón.
Cada incremento en los derechos migratorios o en los costos operativos aeroportuarios se traslada inevitablemente a la tarifa final. El resultado es aritméticamente simple: el “Precio México” sube, y la ventaja comparativa frente a naciones que hoy subsidian o facilitan abiertamente la llegada de divisas, se desvanece.
También recalcar que existe un absurdo en la ecuación costo/beneficio de esta medida recaudatoria frente al efecto multiplicador del turismo. La miopía hacendaria asume que gravar el flujo de entrada es una victoria fiscal rápida pero no considera que, al desincentivar la llegada de turistas, se drena liquidez de toda la cadena de valor: hotelería, gastronomía, transporte terrestre, guías turísticos y, sobre todo, el empleo local de miles de familias.
Se sacrifica la derrama económica integral y el pago de impuestos indirectos (como el IVA y el ISR generados por el consumo interno) a cambio de priorizar una cuota de acceso que engorda temporalmente las arcas federales, pero que empobrece la economía regional. Otro gran error radica en que ni un solo centavo irá a los gobiernos locales: entre el ejército y la federación se llevarán todo.
En conclusión, pretender maximizar la renta tributaria a costa del volumen de visitantes no es una muestra de fortaleza en las finanzas públicas, sino un síntoma de miopía estructural. Imponer barreras de entrada fiscales en un año crítico para el turismo extranjero no solo acelera la pérdida de participación de mercado, sino que destruye la competitividad de largo plazo.
Es necesario que los tomadores de decisiones regresen a los fundamentos económicos: no se puede explotar fiscalmente a la industria turística cuando sus márgenes y su volumen van en descenso, pues el riesgo real no es que el turista pague a disgusto, sino que, simple y sencillamente, decida viajar a otro destino.