El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca crear una norma general para unificar los tipos penales de extorsión y establecer la obligación de investigarla de oficio, con el propósito de proteger a las víctimas sin que estas deban exponerse a denunciar.
En rueda de prensa, el legislador de Morena lamenta que la extorsión se haya consolidado como una de las expresiones más graves de la violencia.
“No sólo vacía los bolsillos, sino que también roba la tranquilidad de las familias, paraliza a comerciantes, acorrala a productores y deja marcada a la víctima mucho después de que termina la amenaza”, indica el Senador.
Lomelí criticó que en Jalisco este delito se ha extendido ante la falta de estrategias reales de prevención y castigo, y señala que “más del 16 por ciento de los hogares de la Área Metropolitana de Guadalajara reportaron haber sido víctimas de este delito”.
El senador denuncia que la extorsión en la entidad se presenta en distintas modalidades: desde cobros a comerciantes por parte de autoridades municipales hasta fraudes telefónicos, estafas en plataformas digitales y despojo de terrenos con la complicidad de juzgados y jueces.
“Mientras las bandas de extorsionadores se fortalecen y operan con total impunidad al amparo municipal y del poder judicial local, autoridades locales se preocupan más por sus redes sociales, optando por el espectáculo”, afirma.
También criticó acciones recientes del gobierno estatal, como la compra de camionetas tipo Cybertruck para la Policía, al considerarlas prioritarias para la imagen pública y no para la seguridad.
Lomelí subraya que Jalisco tiene una de las sanciones más bajas del país por extorsión, de apenas seis meses, en contraste con entidades como Michoacán y Morelos, donde la pena mínima es de 15 años, o Quintana Roo, con hasta 25 años de prisión.
“Por esta situación, no es gratuito que Jalisco sea uno de los estados con mayor crecimiento en las extorsiones de todo el país”, acusa.
Respecto al anuncio de la construcción de un nuevo C5 en Jalisco, pide que el proyecto se ejecute con transparencia y bajo la conducción de empresas especializadas.