Si los elementos de seguridad deben acreditar exámenes de control de confianza y estar limpios de drogas, ¿por qué los políticos de alto nivel que toman decisiones que afectan a miles de ciudadanos no deben cumplir el mismo requisito?.
Bajo ese principio, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales González, propuso que se apliquen exámenes toxicológicos a todos los servidores públicos de elección, incluido el gobernador, los 125 alcaldes y alcaldesas, los 38 diputados, así como todos los síndicos y regidores del estado.
La proposición la presentó la legisladora en la sesión más reciente del Congreso local.
“No se trata de una ocurrencia. Se trata de un acto de congruencia. Si a policías, soldados y funcionarios de seguridad les exigimos pasar las pruebas de confianza y toxicológicas, ¿por qué los políticos que deciden el rumbo de Jalisco tendrían un privilegio distinto?, ¿por qué quienes aprobamos las leyes, presupuestos y políticas públicas no habrían de demostrar que están en condiciones plenas físicas y mentales para ejercer su responsabilidad?. Lo digo claro, quien teme a una prueba toxicológica, algo debe”, subrayó.
Las pruebas serían semestrales y aleatorias de detección de drogas de abuso, las cuales serían pagadas por cada servidor público, precisó la legisladora del PVEM.
“La ley que proponemos, establece que cada servidor público de elección popular costeará su propia prueba sin cargar un solo peso al erario. Aquí no hay excusas, solo voluntad de transparencia o miedo a la verdad. El servicio público debe ejercerse con ética, con integridad y con sobriedad. La gente de Jalisco no tolerará más funcionarios bajo sospecha”, expresó.
Esta medida podría ayudar a mejorar la cofianza en los servidores públicos, cuya credibilidad hoy está muy mermada, dijo la autora de la reforma.
La iniciativa que propone Yussara Canales incluye reformas a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, en la que se establecería que negarse a realizar la prueba o dar positivo al consumo de drogas será considerado una falta administrativa.
Esta obligación ya existe en Baja California y en Coahuila en forma reciente, los alcaldes y sus funcionarios municipales, se sometieron en forma reciente a pruebas toxicológicas.