La diputada vallartense Yussara Canales González presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa de ley que plantea que todos los servidores públicos de elección popular —gobernador, diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores— deban realizarse pruebas toxicológicas periódicas.
El proyecto establece que las pruebas serían semestrales y aleatorias, y que cada funcionario deberá cubrir su costo, sin generar gasto para el erario.
“Quien teme a una prueba toxicológica, algo debe, y quien se niegue a someterse a ella no merece seguir representando al pueblo”, señaló la legisladora en tribuna.
La iniciativa propone modificaciones a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, de modo que negarse a la prueba o dar positivo en consumo de drogas sea considerado falta administrativa.
Canales argumentó que, así como policías, militares y funcionarios de seguridad deben aprobar evaluaciones de confianza, “no hay razón para que los políticos gocen de un privilegio distinto”.
La diputada sustentó su propuesta en estudios sobre confianza ciudadana. Según el Latinobarómetro 2023, solo el 48% de los encuestados en México manifestó satisfacción con la democracia. En el ámbito local, Jalisco Cómo Vamos ha registrado altos niveles de inconformidad con el desempeño de gobiernos municipales.
La legisladora recordó que existen antecedentes en Baja California, donde servidores públicos de primer nivel deben realizarse pruebas antidoping anuales, y en Coahuila, donde alcaldes y sus gabinetes se sometieron públicamente a estas evaluaciones.
“El servicio público debe ejercerse con ética, integridad y sobriedad. La gente de Jalisco no tolerará más funcionarios bajo sospecha ni gobernantes que, en vez de ser ejemplo, sean vergüenza”, agregó Canales.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis. De aprobarse, Jalisco se convertiría en uno de los primeros estados en México en aplicar controles toxicológicos obligatorios y periódicos a todos los funcionarios electos por voto popular.