Será el Ministerio Público del fuero común la autoridad que continúe con las indagatorias sobre la caída de un helicóptero que ocurrió el pasado 22 de septiembre en una zona boscosa del municipio de San Sebastián del Oeste, con saldo de sus dos tripulantes fallecidos.
Aunque en un principio se había perfilado que como la nave pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que además por tratarse de un hecho en el espacio aéreo, el suceso tendría que ser indagado por la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, resultó que el helicóptero Bell 412 en realidad era propiedad de una empresa particular que le prestaba servicio a la CFE, con dos personas a bordo: el piloto Hugo Amaral, de 43 años, vecino de Sinaloa, y el técnico en mantenimiento, Gabriel García, de 57 años, del Estado de México, quienes habían salido de Tepic con rumbo a Talpa de Allende, en donde pasarían por elementos de la paraestatal a quienes trasladarían con miras a que realizarán la revisión de una línea eléctrica, lo que ya no pudieron hacer.
El lunes 22 se perdió contacto con los tripulantes de la aeronave por lo que diversas corporaciones estatales y federales, desplegaron a varios agentes en busca del helicóptero, cuyos restos fueron localizados junto con los cuerpos sin vida del piloto y del técnico, el martes 23, poco después del mediodía, en un predio de San Sebastián del Oeste.
De manera extraoficial se ha manejado que el desplome del vehículo aéreo se pudo deber a las condiciones climatológicas de la zona, pero esto deberá ser confirmado o desmentido mediante los peritajes correspondientes y las indagatorias que finalmente están a cargo de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta.