
Con el objetivo de enfrentar las causas estructurales que han encarecido el acceso a una vivienda adecuada y proteger a las y los inquilinos de prácticas abusivas, la diputada de Futuro, Mariana Casillas, presentó un nuevo paquete de iniciativas en materia de derecho a la vivienda en Jalisco.
Las reformas abarcan cuatro frentes principales: la vivienda deshabitada, el acoso inmobiliario, la corrupción en el sector inmobiliario y el acceso libre a la información registral.
Entre las propuestas, destaca la reforma al Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) para que estudie y clasifique legalmente la vivienda deshabitada en Jalisco, con el fin de diseñar políticas públicas basadas en evidencia que combatan la especulación y el abandono de hogares en zonas urbanas consolidadas.
La diputada propone una reforma al Código Civil que tipifica y sanciona el acoso inmobiliario, definiendo un catálogo de conductas abusivas —como amenazas, interrupción de servicios o modificaciones arbitrarias al inmueble— y facultando a los jueces para dictar medidas cautelares inmediatas en favor del inquilino.
En materia penal, se plantea una reforma al Código Penal de Jalisco para endurecer las sanciones por corrupción inmobiliaria, aumentando las penas y multas a servidores públicos que participen en colusión con desarrolladores o autoricen irregularmente permisos de construcción que provoquen desplazamientos o gentrificación.
Mariana Casillas propone también eliminar el cobro por la consulta electrónica del Registro Público de la Propiedad, garantizando el acceso gratuito a la información registral y fortaleciendo la transparencia del mercado inmobiliario.
“La vivienda no puede seguir tratándose como un negocio, sino como un derecho humano. Estas reformas buscan frenar los abusos, la especulación y la corrupción que hoy expulsan a miles de personas de sus barrios”, señaló Casillas.
La legisladora dijo que con estas iniciativas reafirma su compromiso con una política de vivienda centrada en las personas, la transparencia y el uso justo del territorio.