Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convoca a las sociedades del mundo a mirarse de frente y asumir verdades que, por incómodas que resulten, siguen siendo necesarias. En México, esta fecha llega cada año como un recordatorio imprescindible de que la deuda histórica con las mujeres permanece abierta y exige renovarse en voluntad, sensibilidad y acción.
Es innegable: se han generado políticas públicas, marcos legales, protocolos de actuación y campañas que muestran un compromiso creciente de los gobiernos con esta causa. Hay instituciones que trabajan con seriedad, equipos profesionales que dan acompañamiento digno y autoridades que impulsan transformaciones de fondo. Sin embargo, la magnitud del desafío supera lo logrado y obliga a seguir afinando estrategias, fortaleciendo instituciones y ampliando presupuestos. La construcción de una vida libre de violencias no es un destino alcanzado, sino un trabajo permanente que requiere continuidad, rigor y convicción.
En este mismo tránsito, también hay que reconocer con honestidad que persisten prácticas, actitudes y comportamientos que contradicen ese esfuerzo público. No se trata de señalar a gobiernos ni desacreditar a instituciones; es, más bien, asumir que existen casos vergonzosos —funcionarias y funcionarios concretos— que siguen ignorando, minimizando o incluso reproduciendo aquello que deberían combatir. Son excepciones, sí, pero excepciones que lastiman, que empañan la labor institucional y que recuerdan que la violencia de género no sólo se erradica con leyes, sino también con congruencia.
Resulta doloroso constatar que, aún con la normatividad vigente, hay espacios en los que la atención a las mujeres continúa marcada por prejuicios o desdenes. Hay ventanillas donde la revictimización se asoma, escritorios donde se dilatan procesos y áreas donde la sensibilidad sigue siendo insuficiente. Estos episodios no representan al conjunto del servicio público, pero tampoco pueden normalizarse. La lucha por erradicar la violencia exige, también, erradicar esas inercias dentro de las propias estructuras gubernamentales.
No basta con tener instituciones fuertes; se necesitan personas comprometidas dentro de ellas. La transformación real ocurre cuando cada funcionario entiende que su conducta, su escucha y su criterio pueden significar la diferencia entre la justicia y la indiferencia. Y es precisamente ahí donde los rezagos individuales pueden convertirse en obstáculos estructurales si no se corrigen con oportunidad.
El 25 de noviembre obliga a reconocer, con serenidad y responsabilidad, que los avances no deben opacarse por los casos aislados, pero tampoco deben ser excusa para ignorarlos. La credibilidad del Estado, y su capacidad para construir políticas efectivas, depende también de su capacidad para garantizar que nadie dentro del servicio público falte al deber de escuchar, respetar, orientar y proteger.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que cambia, se adapta y se complejiza. Por ello, la respuesta institucional también debe evolucionar, fortalecerse y extenderse con la misma velocidad. Y en ese proceso, la capacitación permanente, la evaluación constante y la sanción oportuna a quienes incumplen su responsabilidad pública son herramientas indispensables. No se trata de castigar por castigar, sino de asegurar que el compromiso se traduzca en prácticas cotidianas coherentes y humanas.
Las mujeres de México han exigido, merecidamente, un país en el que vivir sin miedo no sea un privilegio, sino una condición básica. A lo largo de décadas, su persistencia ha impulsado reformas, ha modificado mentalidades y ha abierto espacios que antes parecían inalcanzables. Esa lucha es admirable, pero no debe ser solitaria. El Estado tiene la obligación de caminar a la par, con pasos firmes y convicción indeclinable.
Se necesita reafirmar el compromiso de consolidar instituciones confiables, sensibles y congruentes. Seguir avanzando donde ya hay avances, corregir donde aún persisten resistencias, y asegurar que cada funcionaria y funcionario esté realmente a la altura del reto. Porque la violencia contra las mujeres no admite neutralidades: exige acciones, exige coherencia y exige un Estado que no sólo legisle y programe, sino que también inspire confianza.
La deuda no está saldada aún, pero tampoco está olvidada. Y mientras se reconozca con honestidad, se trabaje con rigor y se actúe con responsabilidad, cada 25N puede ser más que una conmemoración: puede ser un paso más hacia un país en el que la dignidad y la seguridad de las mujeres sean realmente una prioridad irrenunciable.