Aunque en octubre de 2024 el aborto fue retirado del Código Penal en Jalisco, el acceso real y seguro a este derecho aún no está garantizado. Esto se debe a problemas graves de desabasto de medicamentos, falta de personal médico capacitado y un presupuesto insuficiente destinado a la salud reproductiva.
Para reflexionar sobre estos retos, el Centro de Estudios de Género (CEG) del CUCSH, junto con colectivos feministas y representantes del sector salud, organizó la segunda jornada de reflexión en torno al derecho a decidir. El evento incluyó conferencias, paneles y documentales feministas.
Septiembre: mes clave en la lucha feminista
Durante la inauguración, la maestra Violeta Yazmín Sandoval Cortés, coordinadora del CEG, recordó que el 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. También rindió homenaje a mujeres víctimas de feminicidio en la comunidad universitaria.
“Tenemos que presionar al Estado para que este derecho se materialice, asegurándonos de que sea gratuito, seguro y acompañado”, expresó.
Radiografía del aborto en Jalisco
La conferencia inaugural estuvo a cargo de la maestra Silvia Loggia, quien presentó un análisis del aborto en Jalisco entre 2016 y 2025. Aunque la Suprema Corte declaró inconstitucional proteger la vida desde la concepción en 2021, no fue hasta 2024 que se despenalizó el aborto en la Constitución estatal.
Sin embargo, el presupuesto estatal para salud reproductiva es de apenas el 0.37%, lo que equivale a 12 millones de pesos, cuando se necesitarían al menos 20 millones para atender dignamente a todas las regiones del estado.
Impacto en menores víctimas de violencia
Uno de los datos más alarmantes es que Jalisco ocupó el primer lugar nacional en abuso sexual infantil en 2024, con 5,878 casos reportados, de los cuales el 40% terminó en embarazo. Solo 46 niñas y adolescentes pudieron acceder a un aborto.
“Se necesita una estrategia específica para atender a menores víctimas de abuso sexual, además de promover la denuncia y el acompañamiento”, señaló Loggia.
Desigualdad en el acceso
Aunque el municipio de Zapopan tiene la mayor incidencia de violencia sexual contra menores, las zonas regionales enfrentan mayores obstáculos: desabasto, escasa cobertura médica y juicios morales que dificultan decisiones libres e informadas.
¿Qué se necesita?
La maestra Loggia propuso tres pilares para avanzar:
Aumentar el presupuesto destinado a salud sexual y reproductiva.
Integrar el aborto como servicio de salud pública, disponible en IMSS, ISSSTE, Hospitales Civiles y Centros Comunitarios.
Reconfigurar el sistema hospitalario para garantizar atención digna y sin prejuicios.
“El poder de transformar la interrupción del embarazo es una realidad. Juntas avanzamos, quizás más lento, pero con pasos sostenibles”, concluyó.(Con información de la UdeG)