La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración trabaja en la creación de un protocolo que garantice el respeto a los derechos humanos durante los desalojos en la capital, acompañado de propuestas de reformas legislativas para que estas acciones se realicen únicamente como última opción.
“No queremos que ninguna familia se quede sin techo en esta ciudad producto de un desalojo, sobre todo si son familias de escasos recursos”, señaló la mandataria.
Explicó que este protocolo busca que el Poder Judicial informe con anticipación a la Secretaría de Gobierno sobre cualquier ejecución de desalojo, además de establecer la obligación de realizar mesas de conciliación y agotar las vías de diálogo antes de proceder.
“Es muy importante garantizar y comprobar que el Poder Judicial cumpla con su obligación legal de notificar a las familias. En algunos casos han dicho que no fueron notificadas y eso hay que revisarlo”, subrayó.
La jefa de Gobierno adelantó que se invitará a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) a participar en cada desalojo junto con representantes del gobierno capitalino, a fin de vigilar que se respete la ley. También planteó revisar la figura de los auxiliares que participan en estos procesos, pues en diversas ocasiones se han registrado episodios de violencia.
“Vamos a proponer reformas para que se vigile su función y se evite cualquier agresión en contra de los vecinos”, dijo Brugada, quien aseguró que mientras avanzan las reformas legislativas, la Secretaría de Gobierno analizará cada caso de inmediato y acompañará a las familias afectadas.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que el gobierno capitalino ya aplica medidas de apoyo en casos recientes. Mencionó que tras el desalojo en la calle República de Cuba, se otorgó ayuda a 16 familias con un apoyo de renta de 4 mil pesos mensuales por un periodo inicial de seis meses, o por el tiempo que sea necesario. Desde la primera noche, señaló, las familias fueron alojadas en hoteles para garantizarles un techo digno.
En otro caso, en la calle Tonalá, 26 familias también reciben apoyos de renta mientras el Instituto de Vivienda gestiona la adquisición y rehabilitación de los inmuebles desalojados para destinarlos nuevamente a sus habitantes.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, precisó que los desalojos no son ejecutados por el Gobierno de la Ciudad de México, sino por actuarios designados por los juzgados. Recordó que, en el caso de República de Cuba, la orden provino del Juzgado 54 de lo Civil.
“Cuando hay una resolución de desalojo es el Poder Judicial quien la solicita y pide el apoyo de la fuerza pública. Lo que ahora se busca es cambiar la ley para que estos procedimientos se realicen con nuevas reglas que prioricen el respeto a los derechos humanos”, afirmó.