El pasado 27 de agosto, decenas de personas fueron desalojadas del inmueble situado en República de Cuba 11, Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según los vecinos, la medida afectó a más de 19 familias y ocho locales comerciales, en su mayoría personas de bajos recursos, adultos mayores, niñas y niños, así como mascotas.
Los afectados señalan que no fueron notificados previamente de la existencia de un juicio ni de la ejecución de una orden de desalojo, lo que, a su juicio, vulneró derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, la no discriminación y la garantía de audiencia en un proceso judicial.
El desalojo se ejecutó con base en una orden judicial que ordenaba la escrituración del inmueble a favor de un tercero y la entrega de la propiedad al nuevo propietario. Sin embargo, los vecinos sostienen que la resolución no extinguía las relaciones contractuales de arrendamiento ni contemplaba la subrogación de derechos y obligaciones entre arrendador y comprador, por lo que la orden no daba sustento legal para desalojar a todos los inquilinos.
Cabe destacar que la medida no se basó en falta de pago de rentas ni invasión del inmueble, ya que los ocupantes afirmaron haber cumplido puntualmente con sus obligaciones de arrendamiento.
Antecedentes de propiedad y presuntas irregularidades
Según los vecinos, el dueño y arrendador original del predio falleció en los años 90 y el inmueble permaneció sin herederos registrados. Durante los siguientes 25 años, diversas empresas y personas cobraron rentas a los inquilinos sin acreditar formalmente derechos de propiedad o de arrendador.
En 2017, se inició un juicio en Tizayuca, Hidalgo, contra quien figuraba como arrendador, pese a que había fallecido décadas antes. En 2022 se registró la escrituración a nombre de una persona, y posteriormente la propiedad fue vendida en tres ocasiones más, sin notificación a los inquilinos ni respeto a su derecho preferente de compra, conocido como derecho del tanto.
Los afectados consideran que estas prácticas forman parte de un modus operandi inmobiliario que busca dar apariencia de legalidad a despojos de propiedades históricas.
Pliego petitorio al Gobierno de la CDMX
Durante la mesa de trabajo celebrada la noche del desalojo, los vecinos presentaron un pliego petitorio con varias demandas:
- Retorno inmediato de las familias y locales al inmueble de Cuba 11.
- Claridad sobre el proceso judicial que derivó en el desalojo y sus implicaciones legales.
- Acompañamiento para la presentación de denuncias penales y administrativas, incluyendo la identificación de los promoventes del desalojo y las autoridades involucradas.
- Apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno de CDMX para promover amparos, juicios y recursos legales, con efectos restitutorios.
- Expropiación del predio para que, a futuro, los desalojados puedan adquirirlo mediante un programa y crédito de vivienda social.
- Reubicación temporal de las personas y familias en un lugar cercano a su vivienda original, con apoyo económico para el alquiler mientras se resuelven las demandas de retorno y expropiación.
- Presentación de una iniciativa o reforma de ley que garantice juicio previo a cualquier desalojo y establezca medidas de reubicación obligatoria.
- Compensación económica por daños a bienes materiales, valores y pertenencias, así como garantizar la seguridad de estos durante y después del desalojo.
- Acceso a servicios de salud integral para los habitantes afectados.
Los vecinos dijeron que esperan que el Gobierno de la Ciudad de México brinde acompañamiento legal para gestionar amparos y recursos que puedan suspender los efectos del desalojo y restituir la ocupación de sus viviendas o garantizar alternativas habitacionales.
Asimismo, buscan que se clarifique el marco jurídico aplicable, en particular respecto a la subrogación de contratos de arrendamiento por tiempo indeterminado y la obligación de notificar a los inquilinos sobre cambios de titularidad del inmueble.