La familia y representación legal de Berenice Giles, fotógrafa fallecida en el festival AXE Ceremonia 2025, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de encubrir a la empresa OCESA, organizadora del evento, y a Servicios de Protección Privada (LOBO) al no imputarles delitos por la instalación ilegal de la grúa que se desplomó y le quitó la vida a la joven el pasado cinco de abril.
El descontento de los familiares de la fotógrafa inició el 1 de septiembre cuando el Poder Judicial de la Ciudad de México le concedió a la Fiscalía, en menos de 24 horas, la programación de la audiencia inicial para la presentación del proceso penal ante un juez, la cual se celebrará el 11 de septiembre.
Sin embargo, los abogados señalan que en caso de ejecutarse, las empresas Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA) y LOBO únicamente serían nombrados como testigos y no de presuntos responsables del accidente ocurrido en el Parque Bicentenario, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
El representante legal, Fabián Victoria, acusó que han atravesado un “infierno” institucional, en el que la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde, los ha señalado de incitar a fabricar culpables, específicamente a la empresa de boletaje OCESA, que según la funcionaria, no está involucrada en la caída de la grúa mal instalada.
Victoria mencionó que una vez que ocurrió el accidente, la Fiscalía se negó a realizar diversos actos de investigación, los cuales se iniciaron hasta que la familia se manifestó al exterior de la sede de la institución.
Narró que cuando se desarrollaron las indagatorias, se expusieron datos de prueba contundentes que responsabilizan a OCESA en el desplome de la grúa, a pesar de que el representante legal de esa empresa lo negó.
Y detalló que algunas corporaciones colaboraron a favor de la familia Giles, al visibilizar el presunto encubrimiento:
“Llegó a la Fiscalía, a su entrevista, una de las empresas patrocinadoras reconocida mundialmente, que valientemente expuso su contrato de patrocinio celebrado con OCESA, en el que se ostentó que OCESA fue la organizadora, promotora y desarrolladora del festival AXE 2025”.
“Así surgieron más datos de prueba y contratos que demostraban lo mismo. Denunciamos a OCESA y la Fiscalía determinó de manera injustificada que no se le tenía que cambiar la calidad de investigada a OCESA”, detalló Victoria.
Audiencia inicial en fast track
En respuesta, el cuatro de agosto la familia Giles solicitó una audiencia por las omisiones aparentemente cometidas por la Fiscalía y hasta el nueve de septiembre, se determinó que se realizará el día 29 de ese mes.
Reprocharon que mientras el Tribunal Superior de Justicia tardó más de un mes para fijar la fecha de la audiencia de omisiones, el procedimiento inicial pedido por la Fiscalía se concedió en fast track, en menos de 24 horas.
Asimismo, expusieron que en el Programa Especial de Protección Civil del AXE Ceremonia 2025, la empresa de seguridad LOBO se comprometió a cuidar la integridad de todos los asistentes al concierto.
Dicho corporativo también fue denunciado por las víctimas indirectas, procedimiento que, explicaron, fue rechazado por la fiscal Karina Granados Peralta.
“Tardaron tanto tiempo en darnos la audiencia porque la Fiscalía ocultó la carpeta y le manifestó al Tribual que no existía, tuvimos que hacer cientos de esfuerzos para demostrar que existe esa carpeta de investigación y el 28 de agosto la Fiscalía fue notificada de nuestra audiencia de omisiones”.
“La Fiscalía aceleró todo el proceso para solicitar una audiencia inicial e imputar a múltiples empresas, que son personas físicas, que resultan insignificantes, dejando fuera a OCESA y LOBO.
En su argumentación, la defensa dijo que desde mayo existe una resolución administrativa donde expertos en Protección Civil tiene que ver con la grúa indebidamente instalada que le quitó la vida a Berenice Giles.
Otro dato de prueba en el que la familia confía es un vehículo de videovigilancia de circuito cerrado que se encontraba en el Parque el día del festival, en el cual, Seguridad Privada LOBO monitoreaba las cámaras de seguridad durante el festival.
Acusaron que ese camión es propiedad de OCESA y que al investigar su matrícula en las placas, la Secretaría de Movilidad determinó que no existe en los registros de la capital.
Por igual, el abogado detalló a Crónica que no hay imputaciones hacia personal de la demarcación Miguel Hidalgo o del Gobierno capitalino: “no las hay, ellos son autoridades, la alcaldía es la que otorga el programa especial de Protección Civil, de donde se desprende la responsiva de la seguridad del evento, a cargo de Seguridad Privada LOBO”.
Para presionar a las autoridades y que la posible negligencia y violencia institucional fuera visibilizada, familiares y amigos de Berenice se manifestaron al exterior de la sede del Poder Judicial CDMX en la colonia Doctores, con pancartas que decían “el show no debió de continuar”, “no más impunidad, llevamos más de 30 días solicitando actos de investigación” y “no más encubrimiento”.
Los inconformes gritaron frases en contra de la presunta impunidad de la Fiscalía y bloquearon los accesos para que de inmediato se realizara una reunión entre autoridades y la familia Giles.
Tras varias horas de protesta, el padre de Berenice, Luis Raúl Giles y su defensa ingresaron para dialogar con representantes del Tribunal Superior de Justicia, los cuales, dijeron los afectados, analizarán las omisiones del caso y a la brevedad les notificarían su se cancela o permanece agendada la audiencia inicial que se programó para el 11 de septiembre a las 13:30 horas.
Los familiares de Miguel Ángel, el otro fotógrafo que murió aplastado por la grúa, ha decidido tomar un camino legal distinto, alejado de los medios de comunicación.
FGJCDMX abrió investigaciones contra 4 empresas que instalaron grúas en el Axe Ceremonia
Casi un mes después del accidente, el 22 d abril, Alcalde Luján aseguró que se iniciaron investigaciones en contra de cuatro empresas que presuntamente tuvieron que ver en las irregularidades que ocasionaron que dos grúas cayeran sobre la fotógrafa Berenice.
Compartió que una de las empresas fue la encargada de presentar el plan de Protección Civil, otra, la concesionaria del Parque Bicentenario, así como la organizadora del evento y la compañía que se subcontrató y que colocó las grúas que le arrebataron la vida a los jóvenes.
Con todo, Alcalde Luján confirmó que en ese momento la Fiscalía había entrevistado a 35 personas por el caso, cuatro de ellas servidores públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo y dos trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Hasta el nueve de septiembre, la institución había desarrollado 120 entrevistas con presuntos involucrados y testigos.
En su defensa, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que previo al evento, el cuatro de abril, autoridades de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, de Azcapotzalco y del Gobierno central realizaron un recorrido de supervisión durante más de seis horas, tiempo en el que no estaban las grúas en el parque.
El alcalde detalló que el Grupo ECO, una de las empresas organizadoras, nunca comunicó la instalación de las grúas, por lo tanto, una vez que todas las autoridades avalaron el programa de Protección Civil, no tenían la autorización de modificarlo, entonces, la responsabilidad de la seguridad en el festival, subrayó, es únicamente del particular.
Aclaró que Protección Civil de la alcaldía se encontraba en el sitio el día del evento, cuando retiraba un panal de abejas, sin embargo, no instruyó a que se bajaran las grúas, dado que ya había ocurrido la verificación del programa de gestión integral de riesgos.