Autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) no implementaron operativos de revisión de ingreso y salida en las instalaciones tras el asesinato del alumno Jesús en el plantel sur. Señalan que es imposible realizar planes de inspección como revisión de mochilas y bultos voluminosos, dado que los estudiantes se negarían a participar, a pesar de que nadie le ha consultado a la comunidad estudiantil si es su deseo que las pertenencias sean revisadas.
Aunque el arma blanca que Lex Ashton “N” utilizó para quitarle la vida a Jesús, de 17 años, dentro del colegio no cabe en una mochila común y se debe de transportar en las manos, en las puertas de los CCH plantel Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero y su homólogo en Azcapotzalco es mínimo el protocolo de acción para verificar que algún alumno no desea emular la sanguinaria acción del joven criminal, que en menos de 24 horas mató a un menor dentro de la máxima casa de estudios.
Crónica tuvo acceso a las instalaciones (al entrar de manera peatonal y sin revisión a comunidad externa) y cuestionó a las autoridades y funcionarios de los planteles si desde la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM se ordenó el reforzamiento de las medidas de seguridad o si en el futuro pretenden crear estrategias y acciones para evitar atentados y crímenes donde los jóvenes acuden a las aulas a tener conocimiento.
La respuesta fue negativa, hasta el momento no existe algún proyecto para regular los objetos que permanecen en las instalaciones, o colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o la Policía Auxiliar de la alcaldía Azcapotzalco y Gustavo A. Madero para realizar recorridos de vigilancia en las instalaciones, dado que bajo el argumento de que la escuela es autónoma del estado, se rigen por sus propias facultades, aún cuando la UNAM no cuenta con un cuerpo policial capacitado, armado que tenga medidas de gestión integral de riesgos ante un ataque con armas.
Lo único que dichos planteles planean son observaciones intermitentes a las instalaciones y en las calles aledañas como Aquiles Serdán, Victor Hernández y Hacienda Sotelo, en el caso de Azcapotzalco; y Eje Central Lázaro Cárdenas, en Vallejo. Esto sin equipo especializado que den vista a la policía capitalina, ni elaboración de un plan de acción para controlar una situación de emergencia.
Al cuestionarles si es necesario implementar la comúnmente conocida “operación mochila”, que pretende observar rápidamente los objetos que pudieran resultar peligrosos en las mochilas de los estudiantes, su contestación en ambos planteles fue: “eso es imposible, no se van a dejar”.
Dentro de las instalaciones no ocurren las vigilancias que prometieron, en los edificios del lado norte en Vallejo, los que fueron nombrados con las últimas letras del abecedario, ningún guardia recorre esas zonas, incluso se comercializan congeladas elaboradas con bebidas alcohólicas. También se puede fumar en esa área, los alumnos intercambian cigarrillos artesanales y la maleza que cubre las zonas peatonales por el poco mantenimiento invisibiliza lo que ocurre detrás de los muros.
La presencia del personal es menor en la transición entre el turno matutino y vespertino. La rotación del personal, como de alumnado, hace que durante un lapso de alrededor de 15 minutos nadie observe si las personas entran con credencial visible — la única medida de seguridad que existe —, aunque esa acreditación tampoco es verificada si la fotografía y nombre corresponden a la persona que la porta.
El flujo de alumnos en el plantel Azcapotzalco es mayor y aunque los estudiantes del turno matutino señalan que el ambiente escolar se desarrolla sin problemáticas, los inscritos en el horario vespertino acusan que después de las 18:00 horas la vigilancia es nula, tanto en el interior como en la ruta hacia la estación del Metro El Rosario.
Además, argumentaron que desean más planes para combatir ataques como el ocurrido en el CCH Sur y que si bien existen opiniones encontradas por la intención de examinar minuciosamente las mochilas, ninguna autoridad les ha preguntado su postura o ideas para ejecutar un plan en conjunto que salvaguarde su integridad física y emocional.
“Puede ser invasivo revisarle las mochilas a todos, pero hay detectores de metales, que vean qué traen en las bolsas grandes. La guadaña con la que mataron al chico no cabe en una mochila, estaba enorme ¿Por qué no vieron eso? ¿Ni de eso se dan cuenta? Entonces si meto un arma y mato a alguien nadie me va a detener porque la escuela es autónoma. La policía también debe de estar para nosotros, ellos (autoridades) son incapaces de cuidarnos”, dijo a Crónica una alumna de identidad reservada.
Denuncian que aunque persiste el temor por la repetición de los hechos que ocurrieron en el plantel hermano, no hubo la posibilidad de dialogar con directivos en los que se comunicara el rumbo de la seguridad en la escuela, así como alternativas a realizar en caso de riesgos.
“Deberían de preguntarnos qué queremos, a dónde acercarnos si algo pasa, no hay zonas seguras para mujeres, estás sola adentro, con tus amigas, que son las únicas que te cuidan. Todo lo demás no les importa, varios todavía son menores de edad, como el que se murió. Tenemos ideas para más protección aunque nadie nos escucha”.
En el año 2019, la UNAM contempló la colocación de detectores de metales en todos sus planteles tras el asesinato con arma de fuego de la estudiante Aideé Mendoza, en em CCH Oriente, proyecto que quedó en el olvido.
En el plantel Sur, en 2022, una estudiante denunció abuso sexual al interior del colegio. Además de otros delitos como robos y agresiones y múltiples paros para exigir seguridad, continúa la comisión de crímenes en las instalaciones de la máxima casa de estudios.
Fenómeno de jóvenes que presumen sus ataques en redes
El perfil de Facebook de Ashton exhibe fotografías que el sujeto se tomó antes de acudir al CCH a cometer el asesinato. En las publicaciones mostró las prendas, armas, guantes y cuchillos con los que salió de su hogar hacia la escuela, así como posteos con la palabra “bloodbath” (baño de sangre); así como él, otros jóvenes presumen ser sicarios en redes sociales, sin que alguna autoridad supervise y ataque ese fenómeno.
En las redes sociales existen alrededor de 50 perfiles de menores de edad y jóvenes — algunos que no llegan a los 15 años — que se exhiben como sicarios. Con armas largas, aparente droga, motocicletas y alcohol, pero siempre con el rostro cubierto por emoticones de calavera o diablo, los niños postean fotografías en las que se dicen protegidos por varios líderes que controlan, incluso desde el reclusorio, la célula delictiva.
Los infantes tienen un modus operandi para no ser descubiertos, pues sus nombres reales y rostros son reemplazados por stickers o emojis con la finalidad de no ser rastreados por el algoritmo y todos los perfiles coinciden en que cada tres días archivan las fotografías, solo y dos días después las imágenes vuelven a ser públicas. El perfil de Ashton, como los integrantes de este fenómeno, es de reciente creación. Entre humo de cigarro, marihuana, vapeadores, narcocorridos y pistolas, los menores presumen convivir, mientras tanto, ni la policía capitalina, la Policía Cibernética, la Fiscalía o el Gobierno de la Ciudad de México tienen un plan de acción para prevenir los avisos de “baños de sangre” ejecutados por infancias y juventudes.
“El involucramiento de niñas, niños y adolescentes es una “excelente inversión” para los grupos delictivos: la constante necesidad de querer pertenecer a un grupo, que les brinde protección, el sustituto o equivalente a una familia, la constante disposición al peligro, al sentir adrenalina y el poder, las drogas, las armas, autos y otros lujos es lo que hacen que estos adolescentes quieran permanecer en estos grupos delincuenciales”, menciona el estudio Reducir el reclutamiento de los carteles es la única manera de bajar la violencia en México”, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México.
“El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tiene ciertas ventajas que son explotadas por los grupos delictivos. La utilización y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes resulta particularmente benéfica y redituable debido a que, en caso de ser detenidos, se les dota de asesoría jurídica gratuita especializada, los delitos prescriben prontamente, las sentencias tienen una duración máxima de cinco años y, como beneficio derivado, no existe una vinculación entre el Sistema de Justicia para Adolescentes y el Sistema Justicia para Adultos”, aseguran los autores.
En adición, estudiantes organizados de UNAM realizaron una marcha hasta las instalaciones de la Rectoría de Ciudad Universitaria en protesta por el asesinato del estudiante Jesús Israel, del CCH Sur; los estudiantes, entre los que se contaban algunas madres y padres de familia, bloquearon ambos sentidos de la avenida Insurgentes para exigir justicia y mayor seguridad en los planteles.