Metrópoli

Estas fallas impedían el seguimiento adecuado de las verificaciones en tiempo real por parte del Centro de Inspección

Clausuran parcialmente el Verificentro BJ-50 por fallas en sistema de videograbación

clausurado

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que el Verificentro BJ-50, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, fue sancionado con una clausura temporal parcial debido a fallas en su sistema de videograbación y monitoreo, lo que impidió contar con un registro confiable de los procesos de verificación vehicular.

De acuerdo con la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA), durante una visita de supervisión se detectó que el equipo de grabación de video en red (Network Video Recorder, NVR) instalado en el Gabinete Central del cuarto de cómputo presentaba intermitencias en la transmisión, cortes en las grabaciones y deficiencias en la calidad de la imagen. Estas fallas impedían el seguimiento adecuado de las verificaciones en tiempo real por parte del Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIVAR).

La dependencia detalló que, pese a la irregularidad, el verificentro no suspendió sus operaciones ni notificó la situación a la autoridad, lo que contraviene el numeral 6.8 del Manual para la Operación y Funcionamiento de los Equipos y Sistemas de Verificación Vehicular.

Ante el riesgo de que se expidieran constancias de verificación sin cumplir con los procedimientos establecidos, la Sedema impuso la medida de seguridad de clausura parcial del Gabinete Central hasta que el sistema de videograbación funcione de manera adecuada y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

La medida se aplicó con fundamento en el artículo 23, fracciones IV y XV, del Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en materia de verificación vehicular, y permanecerá vigente hasta que concluya el procedimiento administrativo correspondiente.

Con esta acción, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, busca garantizar la legalidad en el proceso de verificación vehicular, así como prevenir la emisión de certificados que puedan contribuir a un mayor deterioro ambiental y a riesgos para la salud de la población.

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