Empresarios de 24 locales del Centro Joyero del Centro Histórico pusieron un ultimátum al Gobierno de la Ciudad de México, para que modifique su actuar al solapar el vandalismo y los hurtos a los locales en las marchas que utilizan el Zócalo para protestar contra las autoridades. Exigieron que en lugar de únicamente resistir las agresiones, las fuerzas de seguridad ataquen y arresten al crimen organizado que aprovecha el coraje que surge en las movilizaciones para cometer delitos, atracos a farmacias, tienditas y joyerías.
Los comerciantes reportaron pérdidas de hasta 300 millones de pesos por los robos, saqueos y “actos de terrorismo” durante la protesta del dos de octubre, en la cual, el “bloque negro” anarquista dejó de lado el objetivo de la manifestación y se dedicaron a agredir a elementos de seguridad, destrozar bienes y tomar artículos con quilataje por arriba de 18 y 24.
De manera inédita, la marcha para recordar el actuar autoritario y la impunidad del gobierno priísta de 1968 que ordenó el asesinato de los estudiantes que le resultaban incómodos, se transformó en agresiones, manifestaciones de odio hacia policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en contra de fotógrafos y sociedad civil que transitaba por la Plaza de la Constitución; los anarquistas se “robaron” el motivo de la lucha y la llevaron a violencia extrema.
Los comerciantes acusaron que las afectaciones son constantes en las múltiples marchas que ocurren en la Plaza de la Constitución, sin que alguna autoridad esté dispuesta a realizar detenciones a miembros de la anarquía que con libertad toma artículos de alto valor de los negocios. Aunque el Gobierno capitalino reiteró que no responderá a ninguna provocación en contra del partido Morena, los afectados pidieron que dejen esa actitud y apliquen el peso de la Ley a los ladrones.
El área de “Los Portales”, comercios que se ubican entre las calles Francisco I. Madero y 16 de Septiembre no pudo abrir al público al día siguiente de los disturbios. No tenían mercancía para vender, ni estantes para exhibir las caras alhajas. Las cortinas quedaron inservibles, además de estar rayadas, no se pudieron abrir, ya que los golpes provocaron su descuadre; los letreros con nombre de la razón social de las tiendas también fueron destruidos.
De las pequeñas aberturas en las puertas que los propietarios hicieron para ingresar, únicamente sacaron pedazos de vidrios y basura. En el interior casi todos los muebles son pérdidas totales, rayados y rotos; los rostros de los empresarios reflejan tristeza, indignación y rabia por la incertidumbre del futuro de su patrimonio en los próximos días, el cual no estaba asegurado.
Para los afectados, los encapuchados son delincuentes. Exigieron a la Fiscalía General de Justicia y a la SSC su captura inmediata: “para nosotros no es casual que este grupo haya venido con martillos y bombas molotov, venía preparado para generar este tipo de agresión. Reconocemos que la autoridad tuvo el dispositivo de seguridad, que puso las vallas, que alertó a los establecimientos mercantiles y que cerraron desde la 1 de la tarde. En una primera valoración, las pérdidas y por las ventas no realizadas, son de alrededor de 300 millones de pesos, y afectaciones a los negocios, a las joyerías, en una primera valoración, de más de 15 millones de pesos”.
“Joyerías vaciadas, el Círculo K ha sufrido dos agresiones, con pérdidas de alrededor de 300 millones de pesos. Nosotros no podemos estar de acuerdo con lo dicho por el Gobierno de la Ciudad de México, que no responde a estas provocaciones, esto va más allá, consideramos que debe de valorarse que las agresiones que se están dando podrían ser equiparables a crimen organizado, no solamente actos vandálicos, hay principios de terrorismo en este tipo de agresiones. Le pedimos al Gobierno de la Ciudad de México que revisen los protocolos de seguridad, porque no es posible que los establecimientos mercantiles, que es el corazón de la actividad del Centro HIstórico, sigan teniendo este tipo de agresiones”, explicó Gerardo López Becerra, representante del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio.
Cifras de organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO) estimó que tres mil 442 unidades económicas cerraron anticipadamente, lo que impactó de manera negativa en ventas de más de 16.7 millones de pesos. En tanto, los daños materiales superan los cuatro millones 350 mil pesos, incluidos los saqueos a establecimientos comerciales y daños a los inmuebles.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX), Adal Ortiz Ávalos, reprochó que es inaceptable la furia desatada contra comercios y negocios, espacios que generan empleo y sustento para miles de familias.
“La violencia irracional no tiene cabida en nuestra ciudad y la autoridad debe demostrar que nadie está por encima de la ley. La Ciudad de México es una ciudad de esperanza, y en ella no puede haber espacio para radicalismos ni irracionalidad. Desde la COPARMEX hacemos un llamado a construir puentes de conversación que permitan procesar nuestras diferencias con civilidad, siempre en el marco del Estado de derecho”, exigió.
Noemí, encargada de cuatro sucursales exhibió que dos de estos establecimientos resultaron con graves afectaciones, donde los “terroristas” se llevaron todo lo que encontraron, pérdidas que corresponden de seis a ocho millones de pesos en inventario.
“La policía estaba afuera mientras siete personas se metieron y los policías no hacían nada, dejaron que sacaran todo, rompieron todo y nos dejaran sin trabajar a los demás. Todos pusimos denuncia, pero empezaron a barrer, se llevaron la evidencia y muchas cosas, mandaron a barrenderos a limpiar todo ¿Por qué limpian? Tuvieron que haber dejado así para que vieran todos los daños que causaron, vidrios tirados; le aventaban el oro a las personas”.
Amenazaron que el Gobierno capitalino debe indemnizar a los empresarios por los robos generados a causa del poco trabajo policial para detener a los responsables. Por igual, demandaron que se revisen de inmediato las cámaras del C5 que se encuentran frente a las joyerías.
“Necesitamos apoyo y seguridad, rompieron cristales, charolas, toda la mercancía se la llevaron, se fueron por el oro porque es lo que está subiendo. Necesitamos que haya un responsable porque yo me tuve que meter (a la tienda), no había seguridad”.
“Es una estupidez del Gobierno que ponga a los policías y que les digan ‘tú te quedas aquí esperando a ver qué te hacen y no puedes tocarlos’. Esa es la impotencia, que vimos cómo estaban robando y no poder hacer nada; esto es una inversión de años”, acusó Mercedes Vargas Melo, empezaría del Centro Joyero.
Las joyerías no cuentan con seguros que reparen las pérdidas en este tipo de eventos.
Entre las alhajas saqueadas están collares, esclavas, pulseras, anillos, relojes de alto costo y joyas con piedras preciosas cuyo valor de algunas piezas asciende a más de medio millón de pesos cada una.
La encargada de la tienda de autoservicio Círculo K, mencionó que los daños económicos son por 300 mil pesos, tanto por la falta de ventas y en los destrozos. “El Gobierno no nos apoya a cuidar, es un riesgo para nuestro personal y para la gente que está afuera
En el recorrido de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo capitalino no hubo gritos de protesta, solamente destrozos, así como insultos y golpes hacia las autoridades y ciudadanos, lo que dejó un saldo de 95 policías y 29 personas lesionadas, hecho que, la SSC y el Gobierno local calificaron como provocaciones de miembros de partidos de oposición a la Cuarta Transformación, con la finalidad de que los agentes de seguridad golpearan y reprimieran la movilización.
Alrededor de las 17:30 horas del 2 de octubre, los anarquistas rompieron candados con martillos, desmantelaron cortinas y arrojaron bombas molotov a las barreras protectoras, sin importar que empleados se encontraban dentro de los establecimientos. Para los protestantes fue más importante quebrar las vitrinas y festejar los robos de tiendas de autoservicio, para el final de la marcha ya nadie recordaba los orígenes de la manifestación.
La no intervención de la SSC visibiliza la falta de planeación en la seguridad: especialista
En entrevista con Crónica, Victor Hernández, experto en seguridad y Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES), calificó que el actuar de la policía al únicamente resistir las agresiones es inútul cuando no se persiguen las tentativas de homicidio ni los robos, lo que sumado a las declaraciones del jefe de la policía, Pablo Vázquez, quien comentó que los elementos no fueron suficientes para contener la violencia, hace notorio la falta de planeación de contención en eventos masivos, por lo que considera que las autoridades tendrían que replantear si es necesario que sus agentes de seguridad únicamente sean enviados a sufrir lesiones y a arriesgar su vida sin poder defenderse.
Esto luego de que el secretario de Gobierno, César Cravioto, acusó que las agresiones fueron provocadas por 350 personas encapuchadas que están en contra del proyecto de la Cuarta Transformación y que deseaban que la policía protagonizara actos de represión y que luego de 57 años de la matanza, en los medios de comunicación se acusara que regresaron los abusos policiales.
“A lo mucho hay dos detenidos, es un peligro para los policías, si ellos no tienen permiso de defenderse, habría que plantearse si tiene caso que estén ahí. Habla de mala planeación, es una marcha y es curioso que no existía el cuerpo de granaderos, siempre ha existido; si la autoridad no tiene permiso de protegerse a sí mismo y a las personas y negocios, baldía la pena pensar si tiene caso que vayan, porque ir a recibir golpes, ese no es el propósito de la policía antimotines”.
“Las policías antimotines tienen el propósito de que haya detenidos, que haya un litigio en contra de la acción criminal. Hay una filosofía de querer desaparecer a los granaderos, pero no habrá quien pueda reaccionar ante este tipo de agresiones”.
Hacia los dichos de Cravioto que señaló a los anarquistas como opositores a su partido político, Víctor Hernandez dijo: “el bloque negro es originario de los grupos que tienen el poder, no es un prejuiciohay inteligencia policial y carpetas de investigación que narran esas complicidades y redes; qué cosa tan simpática decir que esos grupos delictivos son originarios del PRIAN, no creo que haya un reporte de inteligencia serio que apunte en esa dirección y aunque lo hubiera, el punto es el rol de una polcía antimotiines, contener”.
“Es inusual el número de policías lesionados. ¿Por qué rasgarse las vestiduras? La 4T militó este movimiento y traicionó todas sus causas, militarizó la seguridad pública”.
El especialista subrayó que el problema de la policía en México es que la ciudadanía espera que pueda ordenar a la población sin ser violento, lo cual, afirma, es imposible; “el orden en materia de política criminal es violencia, por eso se le llama violencia legítima del estado. La postura de la Ciudad de México ni disuadió el delito, ni evitó el mal trago mediático enel que sean percibidos como sacatones”.
Agregó que adicional a un cambio de estrategia de seguridad, el actuar policial es una decisión política, ya que cualquier Gobierno que respalde a las autoridades a realizar las detenciones y perseguir a quienes cometen delitos en estas movilizaciones, serán calificados como autoritarios.