El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) a transparentar recursos del cobro de rentas de inmuebles en la capital que supuestamente fueron rentados.
Lo anterior, pese a que el INVI no tiene facultades para rentar inmuebles, ni en la ley de vivienda ni en el estatuto de creación del Instituto.
El legislador promovente, Ricardo Rubio, explicó que de casi 700 departamentos construidos, que serían comercializados, sólo 28 fueron vendidos o apartados, “la respuesta del mercado fue nula, por lo que fue suspendida la venta de los inmuebles.
Rubio detalló que después de la nula respuesta, el Gobierno anunció que los departamentos serían ofrecidos en renta asequible, sin brindar más información.
“Aquí surge la gran pregunta: ¿Qué se hará con los recursos generados por esas rentas y por qué no se informa con claridad qué ha pasado con los inmuebles y el dinero invertido?“, cuestionó el legislador.
El legislador aseguró que es inaceptable que, a más de siete años del sismo, existan desarrollos habitacionales vacíos, cerrados o convertidos en proyectos de renta, mientras cientos de familias continúan viviendo en condiciones precarias o a la espera de una solución definitiva.
Exige transparencia
“Si el programa original no funcionó, lo mínimo que debemos exigir es transparencia. El dinero público no puede perderse en la opacidad”, dijo.
Comentó que su propuesta busca que el INVI, en un plazo máximo de 60 días, remita al Congreso un informe completo que detalle los ingresos obtenidos durante la comercialización de los departamentos, el número de viviendas no entregadas, el estado actual de los inmuebles y las condiciones del nuevo programa de renta asequible.
Además de especificar el destino de los recursos generados y los mecanismos de rendición de cuentas implementados. “No pedimos un favor; exigimos el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho de acceso a la información”.
Para finalizar, Ricardo Rubio comentó que en la Ciudad de México, la vivienda digna es un derecho reconocido; señaló, que ese derecho se convierte en letra muerta si las instituciones encargadas de garantizarlo actúan con discrecionalidad o silencio.
“Los damnificados del 19S no necesitan discursos, necesitan resultados. Y la ciudad no puede permitir que los proyectos de reconstrucción se transformen en un negocio que desvía el sentido de la solidaridad”, señaló el también integrante de la Comisión de Hacienda.