A partir de la medianoche del viernes de octubre, se puso en marcha en el Estado de México la “Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua”, un despliegue simultáneo en 48 municipios que busca desmantelar una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico.
La acción fue resultado de diversas investigaciones y denuncias ciudadanas que documentaron la existencia de pozos y tomas clandestinas, redes de distribución paralelas y puntos de venta donde el agua se comercializaba con sobreprecios, en perjuicio directo de la población.
Autoridades federales, estatales y municipales participan en este esfuerzo conjunto, cuyo propósito es interrumpir la cadena de robo y venta del líquido, clausurar instalaciones irregulares, asegurar vehículos cisterna, y devolver al sistema público el control sobre las fuentes afectadas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el acceso al agua es un asunto de interés público y que los delitos asociados a su extracción ilegal inciden directamente en el déficit de las redes de distribución.
“La sustracción irregular de agua no solo representa un acto ilícito, sino una afectación social grave”, señaló la institución.
Despliegue en 48 municipios mexiquenses
El operativo comenzó a las 00:00 horas con la intervención de fuerzas de seguridad y personal técnico. En la estrategia participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, además de técnicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).
En total, se identificaron cerca de 200 puntos presuntamente vinculados con la extracción y venta ilegal del líquido, entre ellos pozos, tomas irregulares, redes paralelas y centros de distribución. Los municipios con mayor incidencia son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Atenco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Otumba, Papalotla, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Texcoco, Tezoyuca, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango, entre otros.
Los equipos interinstitucionales realizaron cateos, inspecciones y aseguramientos en sitios previamente localizados mediante trabajos de inteligencia. En algunos casos se encontraron redes de tubería conectadas directamente a ductos públicos o pozos que operaban sin concesión. Los primeros reportes indican que en varios puntos también se aseguraron pipas y cisternas utilizadas para el traslado del agua robada.
Las diligencias se efectúan bajo supervisión ministerial y técnica, con el fin de garantizar la preservación de la infraestructura y la evidencia que servirá para futuras imputaciones.
Organizaciones implicadas y modus operandi
Los primeros resultados de la investigación señalan que la mayoría de los puntos intervenidos estarían operados por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, que durante años establecieron control sobre fuentes de agua y rutas de distribución.
Entre las agrupaciones mencionadas se encuentran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), así como colectivos autodenominados “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo” y “Chokiza”.
De acuerdo con las autoridades, estos grupos presuntamente extraían agua de pozos clandestinos o de redes ordeñadas, la almacenaban en cisternas y la distribuían mediante pipas o conexiones ilegales, cobrando tarifas muy por encima del costo regular del servicio público.
La Fiscalía mexiquense indicó que esta red delictiva combinaba sobreexplotación de pozos, acaparamiento del suministro y comercialización irregular, lo que provocaba disminución del caudal en las tomas oficiales y afectaba la disponibilidad del recurso en colonias de alta densidad poblacional.
Los operativos pretenden frenar este negocio ilícito y dar paso a investigaciones judiciales y administrativas. Se estima que en los próximos días continuarán las inspecciones y la clausura definitiva de los sitios intervenidos.
Efectos en el abasto y medidas de contingencia
Las autoridades estatales aseguraron que la operación no debe impactar el funcionamiento de los pozos y sistemas oficiales. No obstante, ante la posibilidad de ajustes técnicos o cierres temporales, el Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, activará un plan de contingencia para garantizar la continuidad del suministro a la población.
“Las acciones se diseñaron para no interferir con la infraestructura hidráulica legítima. En caso de alguna afectación, estamos listos para abastecer con pipas y reforzar la distribución en coordinación con los municipios”, señaló la Comisión.
La problemática del robo de agua —denominada coloquialmente como “huachicoleo hídrico”— se ha agravado en los últimos años, especialmente en zonas con sequía o alta demanda. El comercio ilegal del líquido genera un mercado paralelo que, además de implicar pérdidas económicas, amenaza la sustentabilidad de los acuíferos.
En este contexto, el Estado de México afirmó que con esta operación busca marcar un precedente contra las prácticas que lucran con un recurso que debe ser público. La colaboración interinstitucional representa uno de los despliegues más amplios de los últimos años en materia de seguridad hídrica.
Próximos pasos e implicaciones legales
El marco legal establece que la extracción y comercialización no autorizada del agua constituye un delito que puede implicar penas de prisión, multas económicas y decomiso de bienes. La Conagua es la autoridad encargada de las concesiones, mientras que la FGJEM procederá penalmente contra quienes resulten responsables de la explotación clandestina o el daño a infraestructura hidráulica.
Además de los procesos judiciales, se prevé una revisión de permisos, registros y concesiones para detectar posibles actos de corrupción o complicidad de servidores públicos que permitieron estas prácticas.
De confirmarse los indicios, el operativo, además de servir para recuperar agua y clausurar pozos, también será útil para sancionar a los operadores del mercado ilegal y a quienes lo toleraron.
A largo plazo, las autoridades consideran necesario reforzar la vigilancia de fuentes, digitalizar registros de concesiones y promover una cultura de uso responsable del agua.